El Senado insta al Gobierno a desarrollar programas en materia de salud mental para las mujeres maltratadas y sus hijos

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a desarrollar programas específicos en materia de salud mental para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos y a mejorar la atención a este colectivo desde los servicios sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa, defendida por el PP en la Cámara alta, ha contado con el voto favorable de PSOE y el Grupo Mixto, mientras que Entesa Catalana ha votado en contra y CiU se ha abstenido.

Los grupos han acordado mediante esta moción pedir al Ejecutivo que, a través de la Comisión contra la Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud, revise las guías y protocolos existentes para la actualización del Protocolo Común.

En este sentido, la Comisión de Igualdad ha instado a que se avance en la identificación de necesidades específicas y criterios sobre pautas de actuación "homogénea" en detección, derivación e intervención por parte de los diferentes dispositivos y ámbitos asistenciales en la atención a las personas que presentan trastornos mentales asociados a la violencia machista.

Además, propone la promoción, en colaboración de las comunidades autónomas, un programa de formación en calidad, y sensibilización dirigidos de manera específica a los profesionales que conforman los equipos de salud mental.

La Comisión de Igualdad ha aprobado por asentimiento dos mociones más relativas a la violencia de género. Una de ellas se refiere a las víctimas con discapacidad, para las que solicita campañas de sensibilización sobre su situación, así como la publicación de estudios, el impulso de servicios de atención adaptados a las mujeres con discapacidad --teleasistencia para mujeres sordas-- y la formación de personal especializado para su atención.

Con otra de las iniciativas aprobadas este jueves, esta Comisión insta al Ejecutivo a intensificar la cooperación con las comunidades autónomas en la lucha contra la violencia machista, promoviendo el desarrollo de actividades conjuntas y la optimización de los recursos, dentro del respeto a sus respectivos ámbitos competenciales.