Tíbet.- La Audiencia Nacional rechaza reabrir la causa sobre la represión previa a los Juegos Olímpicos

La Sala de lo Penal nombra a una nueva ponente para archivar el procedimiento, en el que estaban imputados tres ministros chinos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado reabrir la causa que el juez Santiago Pedraz archivó en febrero pasado en la que investigaba a tres ministros y cinco altos cargos chinos por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, informaron fuentes jurídicas.

El Pleno de la Sala de lo Penal ha rechazado este viernes la ponencia presentada por el magistrado José Ricardo de Prada en la que defendía reabrir este procedimiento, que fue archivado por Pedraz al no existir víctimas españolas ni encontrarse los presuntos responsables en territorio nacional.

Tras decaer la propuesta de De Prada, el Pleno ha decidido nombrar como nueva ponente a la juez de la Sección Cuarta Carmen Paloma González, que presentará la próxima semana un nuevo texto defendiendo el archivo de la causa que previsiblemente será aprobado. No obstante, los miembros del Pleno deberán decidir si éste tiene un carácter provisional, lo que permitiría la reapertura del procedimiento en caso de que se encuentren nuevos indicios de delito, o definitivo.

NO HABRÁ JUICIO

Pedraz archivó el procedimiento en aplicación de la limitación del principio de jurisdicción universal que entró en vigor el 3 de noviembre de 2009. El juez argumentó que aunque la nueva ley no afecta a la fase de instrucción porque se inició antes de la aprobación de esta reforma, sí "afectaría al posterior enjuiciamiento", por lo que resultaría "carente de sentido" continuar con una investigación que no podría finalizar con la celebración de la vista oral.

La modificación del principio de justicia penal internacional, que fue aprobada con los votos del PSOE, PP, PNV, CiU, ERC y UPyD, establece como requisitos para que la Audiencia Nacional pueda asumir una causa sobre genocidio y lesa humanidad que sus presuntos responsables "se encuentren en España", que existan víctimas "de nacionalidad española", que se constate algún vínculo de "conexión relevante" con nuestro país y que el caso no haya sido investigado por otro tribunal

Tras reconocer que la causa que investigaba no cumple "ninguno de los nuevos requisitos" establecidos en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incorporó esta reforma, Pedraz señaló que tampoco puede aplicarse la excepción para los casos en los que puedan aplicarse "tratados y convenios internacionales suscritos por España".

En julio de 2009, el Gobierno chino contestó a una comisión rogatoria en la que se negaba a que los imputados comparecieran en la Audiencia Nacional y exigía al Ejecutivo español que asumiera sus "responsabilidades" e hiciera "cesar definitivamente, cuanto antes" la investigación iniciada por Pedraz.

TRES MINISTROS IMPUTADOS

Los tres ministros imputados eran el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirigía contra el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron que tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín se produjeron "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana". Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".

En el marco de esta causa, Pedraz interrogó el 27 de abril de 2009 a We Jin Gsheng, conocido como "el padre de la democracia china" y candidato en varias ocasiones al premio Nobel de la Paz tras permanecer durante años en cárceles del país asiático por su condición de disidente. El testigo denunció las torturas que el régimen comunista chino comete a sus presos políticos.

"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"

Según los querellantes, los ocho altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.

En su escrito, les imputaba "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.