UE.- El PE pide una suspensión de los planes urbanísticos en España y amenaza con congelar los fondos

Los eurodiputados rechazan las enmiendas que habían presentado el PSOE y el PP para suavizar el informe sobre abusos urbanísticos

BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy por 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención un informe que pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos nuevos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad. La Eurocámara amenaza con congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas y critica la lentitud de las autoridades judiciales españolas a la hora de dar respuesta a estos casos.

Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias. La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Si sale adelante, será la tercera vez que el Parlamento Europeo apruebe un informe censurando los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura.

El Parlamento denuncia que "todas las administraciones, central, autonómica y locales, son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular "su preocupación acerca de la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de tos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". "Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".