UPyD busca un nuevo acuerdo del Congreso contra la corrupción y para que el Gobierno justifique la concesión de indultos

El PP se niega a mezclar ambos temas mientras el PSOE exige una aplicación más eficaz de las leyes y menos "demagogia"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha propuesto al Congreso negociar un nuevo acuerdo parlamentario con medidas contra la corrupción que incluya también la exigencia de justificar los indultos que otorga el Gobierno. El pacto, continuación del que se alcanzó hace unas semanas en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, se sometería a votación este jueves en sesión plenaria.

El texto parte de la moción que UPyD registró como consecuencia de su debate con el ministro Alberto Ruiz Gallardón e incluye aportaciones de PSOE, CiU, Izquierda Plural y Compromís, mientras el PP, que comparte la necesidad de acometer reformas legales contra la corrupción, no quiere que este asunto se mezcle con la Ley de Indultos.

En la redacción que este miércoles estaban trabajando los grupos parlamentarios, a la que tuvo acceso Europa Press, se se aboga por reformar el Código Penal para "endurecer la sanción de la corrupción".

En concreto se apuesta por analizar el tratamiento penal de una serie de delitos relacionados con la corrupción y por crear nuevos tipos, ampliando en todos los casos los plazos de prescripción. Ahí se citan prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos.

Paralelamente, se pide reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.

ACCIÓN POPULAR PARA CASOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Además, se emplaza al Gobierno a estudiar la posibilidad de reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, "sancionando a los gestores públicos que, bien de la forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, contemplando la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales".

En materia de indultos, se reclama una reforma de la legislación vigente, que data de 1870, para que sea nula la concesión del perdón si no se hace mención expresa, al menos, de la pena principal en que recaiga la gracia y de las razones de justicia, equidad, o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno.

En los casos en que el indulto se acuerda contra la opinión desfavorable de la fiscalía o del tribunal sentenciador, el Gobierno deberán incluir las razones por las que se ha decidido apartarse de dichos criterios, además de incluir la preceptiva publicación de tal motivación en el Boletín Oficial del Estado y permitir que se presenten alegaciones durante el expediente y que el perdón pueda ser recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo.

La propuesta emplaza también al Gobierno a remitir cada seis meses copia de los expedientes de indulto concedidos a la Comisión de Justicia del Congreso.

Rosa Díez, que defendió la moción inicial de UPyD se ha comprometido a buscar un texto transaccional que pueda ser apoyado este jueves por todos los grupos parlamentarios, a la vista de que la mayoría han presentado enmiendas.

En el debate, el nacionalista vasco Emilio Olabarria ha señalado que la idea del acuerdo "es bien intencionada" pero "no carece de problemas jurídicos", mientras que la representante de CiU, Mercé Pigem, ha expresado "sintonía" con las propuestas.

Desde el PP, Leopoldo Barreda ha dejado clara su disconformidad con que la legislación en materia de indultos se mezcle en la misma moción con la lucha contra la corrupción, un planteamiento que considera "desafortunado". Eso sí, está de acuerdo con el camino de las reformas legales contra la corrupción y ha asegurado que el Gobierno del PP es quien más ha hecho en esa dirección.

LA SOMBRA DE BÁRCENAS

Ha habido también menciones a los casos de corrupción que copan las páginas de los medios de comunicación. Así, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha exigido saber de dónde salieron los 38 millones de euros que el extesorero del PP Luis Bárcenas acumuló en Suiza, mientras que el representante de Esquerra, Alfredo Bosch, ha sacado el 'caso Urdangarín' y sus repercusiones en la familia Real y la Jefatura del estado.

Para el socialista Gabriel Echávarri, lo importante s la aplicación práctica de las medidas pues de nada sirven los acuerdos mientras siga habiendo "Bárcenas y barcenitas" que eluden el marco legal. "Vamos a decir alto y claro que nos repugna la corrupción, pero vamos a hacerlo sin populismos ni folclore", ha dicho.

También Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha mostrado cierto escepticismo advirtiendo de que, por mucho que el Parlamento quiera controlar, siempre habrá quién juegue con el ordenamiento jurídico y los jueces para librarse.