Un 33% de las evaluaciones realizadas por las empresas no contemplan los riesgos para las embarazadas

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 33 por ciento de las evaluaciones de riesgos que realizan las empresas navarras no contemplan los riesgos específicos referidos a la protección de las trabajadoras embarazadas, porcentaje que se eleva hasta un 81 por ciento en el caso de los riesgos específicos para la lactancia natural, según ha concluido un estudio realizado por el departamento de Salud Laboral de la UGT.

Los datos del estudio han sido presentados en rueda de prensa este miércoles por el secretario de Acción Sindical de la UGT de Navarra, Jesús Santos, y la responsable del Departamento de Salud Laboral, María José Latasa. El estudio ha sido realizado durante en 2010 en un total de 70 empresas, la mayor parte del sector industrial, un 60 por ciento, un 39 por ciento del sector servicios y un 1 por ciento del sector de la construcción.

Las conclusiones finales del estudio apuntan a una falta de reevaluaciones de los puestos de trabajo en el momento de la comunicación del embarazo unido al hecho de que "algunos empresarios entorpecen el acceso a la prestación por riesgo durante el embarazo ya que no facilitan las declaraciones empresariales necesarias para acudir a la mutua", ha expuesto Santos, quien ha señalado que "las empresas tienen aún un largo camino por recorrer respecto a reproducción, maternidad o lactancia natural".

En cuanto a las actuaciones de las mutuas, Santos ha recordado que la Ley de Igualdad trajo cambios en las características del subsidio económico que se concede a las mujeres embarazadas cuando se suspende su contrato de trabajo al no poder reubicarlas en un puesto exento de riesgo. Ahora se cobra un cien por cien de la base reguladora y pasan a gestionarlo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales.

Sin embargo, también en esta línea de actuación se han detectado "cortapisas" a la hora de conceder la prestación: "no se tienen en cuenta riesgos para la maternidad que hasta ahora sí lo eran y en caso de hacerlo, se ha modificado el momento de la concesión de la suspensión", ha dicho.

Además, han expuesto que las mutuas han cambiado criterios de valoración para conceder la prestación por riesgo, aplicando criterios SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), que es un documento meramente "orientativo".

En esta línea, Jesús Santos ha destacado "el incumplimiento de las obligaciones de los representantes de las trabajadoras como el derecho del delegado a que se le consulten la lista de puestos exentos para que pueda añadir lo que considere oportuno, aunque dicho dictamen no sea vinculante, junto a la necesidad de conseguir un protocolo de actuación para la protección de la maternidad y la lactancia natural en el mayor número de empresas posibles".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Según expone el estudio, tan sólo un 30 por ciento de las empresas cuentan con un protocolo de actuación, un porcentaje todavía "bajo", aunque se nota, ha dicho el sindicaalista, una evolución favorable respecto al año 2009 cuando era únicamente un 19 por ciento.

Latasa ha recalcado la "importancia de que las empresas cuenten con un protocolo de actuación para que cuando una trabajadora comunique su embarazo, poder actuar, tanto si se tiene que adaptar su puesto de trabajo, reubicar a la trabajadora o en última instancia tramitar ante la mutua la suspensión del contrato de trabajo, en caso de que exista un puesto donde reubicarla".

"La situación ha mejorado, pero puede mejorar todavía más, ya que en una sociedad como la navarra en que la mujer está integrada en el mundo laboral hay que instalar más protocolos de actuación y solucionar estas trabas que en modo alguno le van a suponer un plus económico para el empresario", ha señalado Latasa.

Asimismo, tan sólo en un 26 por ciento de las empresas existe una lista de puestos exentos de riesgos para el embarazo o la lactancia natural, y "se sigue incumpliendo la obligación del empresario de consultar a los representantes de los trabajadores para elaborar esta lista, que se ha cumplido en un 11 por ciento", ha indicado.

También, sólo en un 36 por ciento de los casos se adapta el puesto de trabajo conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sólo en un 17 por ciento se reubica a la trabajadora en un puesto exento de riesgo.

BONIFICACIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el estudio, se ha observado una evolución respecto al conocimiento que tienen los trabajadores sobre las bonificaciones de las que disponen en el supuesto de que se agoten las fases de adaptación y reubicación y persista el riesgo. Así, un 91 por ciento conoce sus derechos a una prestación económica.

Sin embargo, todavía un 41 por ciento de trabajadoras se han encontrado con trabas por parte de la empresa para obtener la documentación para tramitar la declaración empresarial y solicitar el certificado de riesgo por parte de la Mutua en unos casos por desconocimiento y en otros por dilatar en el tiempo de la concesión de la prestación.

Por otra parte, "un 9 por ciento de las embarazadas dilatan la comunicación de su estado por miedo al despido", según ha informado la responsable de Salud Laboral. Ante esta situación, ha explicado Latasa, "la trabajadora embarazada acude a su médico de atención primaria y se le declara una incapacidad temporal por contingencia común, cuando lo que procede es su reconocimiento como contingencia profesional".

"Se ha de tratar a la mujer embarazada como una trabajadora sensible, no como a una trabajadora enferma", ha explicado la responsable de Salud Laboral.