Comptos llama a los municipios de la Comarca de Pamplona a justificar el interés público de sus convenios urbanísticos

El presidente de la Cámara de Comptos, Luis Muñoz, compareció hoy en la comisión de Administración Local del Parlamento de Navarra

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comptos, Luis Muñoz, recomendó hoy a los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona que "garanticen el interés público en los convenios urbanísticos con particulares", ya que "no siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés social del convenio".

Muñoz compareció hoy en la comisión de Administración Local del Parlamento de Navarra para exponer el informe relativo a convenios urbanísticos entre particulares y ayuntamientos de la Comarca de Pamplona entre 2005-2008 y aseguró que "se observan puntos débiles en cuanto al cumplimiento de la legalidad".

El informe de la Cámara de Comptos señala que entre los años 2005 y 2008 las entidades locales de la Comarca de Pamplona firmaron 114 convenios urbanísticos con particulares, lo que les reportó un total de 32,5 millones de ingresos. Esto supone el 2 por ciento del total de ingresos presupuestarios del periodo.

De esta cifra, 23 millones corresponden a los ingresos por la cesión de parcelas de patrimonio municipal del suelo a entidades sin ánimo de lucro para promover viviendas protegidas. Muñoz señaló que en estos convenios, los ayuntamientos "apuestan mayoritariamente por cobrar la cesión obligatoria del 10 por ciento de los aprovechamientos frente a la posibilidad de obtener suelo", aunque "la normativa foral señala esa opción como excepcional y siempre que se justifique adecuadamente".

La cesión obligatoria del 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos reportó a las haciendas locales de la Comarca de Pamplona 4 millones de euros, según el informe de Comptos.

Muñoz insistió en que "no siempre se justifica ese interés público por cobrar la cesión obligatoria del 10 por ciento de los aprovechamientos". "Es importante que los expedientes dejen claro en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida, una justificación que es más necesaria teniendo en cuenta que la mayoría de los convenios se inician a instancia de particulares", argumentó.

Por otro lado, el informe señala que "en operaciones complejas convenidas no constan estudios económicos rigurosos sobre el coste y el beneficio de la actuación", algo que "dificulta el necesario equilibrio de contraprestaciones que se derivan de dichos acuerdos".

Asimismo, Muñoz destacó que "no siempre se respaldan los informes técnicos de valoración de los aprovechamientos urbanísticos" y que, además, "se utiliza de manera incorrecta la figura del convenio para adjudicar obras de urbanización". Así, "se vulneran los principios de concurrencia y publicidad que exige la normativa de contratación pública", afirmó.

Finalmente, la Cámara de Comptos ha detectado que existen deficiencias en la gestión del Archivo y Registro de Convenios, "fundamental para cumplir los principios de publicidad y transparencia", y del Registro del Patrimonio Municipal del Suelo, "figura ésta también importante en la gestión".

Por su parte, el auditor de la Comptos Ignacio Cabeza, explicó que "la mayoría de los criterios que se aplican en estos convenios son catastrales, por lo que la valoración suele estar desfasada con el precio de mercado".

LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que las entidades locales recojan las recomendaciones de Comptos respecto a las irregularidades detectadas.

El portavoz parlamentario de UPN Jerónimo Gómez apostó por "informar particularmente a los ayuntamientos sobre el informe" y valoró que los municipios "no buscan la especulación" con este tipo de convenios. A su juicio, "no existe una gran dependencia" económica de estas actuaciones.

En representación de NaBai, Tentxo Jiménez, mostró su "preocupación" por el hecho de que las entidades locales "opten en demasiadas ocasiones a la venta de la cesión obligatoria frente a la opción de convertir ese suelo en vivienda protegida". Por ello, destacó la importancia de "ponderar el interés público" de esos convenios.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, José Luis Izco, afirmó que "no se hace un uso correcto de estos convenios urbanísticos". En este sentido, destacó la necesidad de "garantizar que una figura excepcional no se convierta en algo habitual".

Finalmente, el portavoz parlamentario de CDN, Juan Cruz Alli, criticó que "lo único que puede justificar la monetarización de ese 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos es el interés público". "No se justifican y, además, no hay estudios económicos", censuró. Así, valoró que "se está aprovechando el puro interés de las dos partes; el toma y daca", añadió.