Los defensores del Pueblo abogan por salvaguardar, ante la crisis, el Estado social y por más atención a los parados

La institución en Navarra coordina un taller de trabajo sobre el impacto de la crisis económica en el sector económico

PAMPLONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y de las Defensorías del Pueblo de las Comunidades Autónomas, reunidos en un taller de trabajo en Pamplona ante la crisis económica, abogan por salvaguardar la esencia del Estado social y las prestaciones públicas relacionadas con la sanidad, la educación, la atención social de los colectivos más desfavorecidos y la vivienda, así como la mayor atención a las personas desempleadas.

Durante el día de ayer y a lo largo de esta mañana, tuvo lugar en Pamplona un taller de trabajo, coordinado por el Defensor del Pueblo de Navarra, bajo el lema 'El impacto de la crisis económica en el sector económico y laboral'. Según informó la institución en la Comunidad foral, se dieron cita representantes del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y de las Defensorías del Pueblo de las Comunidades Autónomas.

La organización de este taller de trabajo en Pamplona se enmarca dentro de las actividades preparatorias para las XXV Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo de España que, con el título 'El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas', se desarrollarán en Logroño los días 27, 28 y 29 del próximo mes de septiembre. Estas jornadas abordarán, especialmente, los efectos de la crisis en el ámbito socioeconómico y en la vivienda.

Durante las jornadas de trabajo en Pamplona se realizaron diversas reflexiones y analizado la proposición a las Administraciones públicas competentes de distintas medidas que podrían impulsarse.

El taller alcanzó 19 conclusiones. Así, se propone salvaguardar la esencia del Estado social y las prestaciones públicas relacionadas con la sanidad, la educación, la atención social de los colectivos más desfavorecidos y la vivienda; el establecimiento de acuerdos entre las Administraciones públicas que permitan disminuir los efectos negativos de la crisis en el ejercicio de los derechos de las personas y de los colectivos sociales, y la necesidad de estimular la confianza de los ciudadanos, empresarios y consumidores.

Igualmente, apuestan por la mayor atención a las personas desempleadas; un mayor incremento del control a los expedientes de regulación de empleo (ERE); una reflexión sobre los cambios en el modelo productivo precedente, "abandonando lo inviable e insostenible", y la conveniencia de reducir el déficit público y de introducir criterios efectivos de austeridad en el gasto público.

También se propone caminar hacia un nuevo modelo de Administración más eficiente, moderna y de calidad; impulsar una reflexión para que se consolide un sistema tributario justo y progresivo; establecer un sistema de financiación municipal que permita a las entidades locales atender sus competencias; continuar con los planes de lucha contra el fraude fiscal y laboral y elaborar planes públicos de impulso de la economía y de la modernización de las infraestructuras y equipamientos públicos.

Además, se aboga por apoyar la reestructuración del sistema financiero y reforzar la protección de los derechos de los clientes de los servicios financieros; y apostar por la responsabilidad social corporativa y el apoyo a las organizaciones no gubernamentales.

El trabajo concluyó con una invitación de los participantes a que la crisis económica "no perjudique los derechos sociolaborales de la población inmigrante".