Irak.- HRW denuncia las torturas sistemáticas y las privaciones de derechos legales en el Kurdistán iraquí

NUEVA YORK 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) hizo hoy un llamamiento al Gobierno regional del Kurdistán iraquí para que detenga las torturas que, según denuncia la asociación, se llevan a cabo de forma rutinaria por parte de las fuerzas de seguridad en el norte de Irak.

El informe, de 58 páginas, presentado hoy y titulado 'Cogidos en el torbellino: Tortura y negación de derechos por las fuerzas de seguridad del Kurdistán', está basado en la investigación realizada en dicha región desde abril a octubre de 2006 e incluye entrevistas con más de 150 presos. En él, HRW denunció que las fuerzas de seguridad en el norte de Irak practican de forma rutinaria la tortura y niegan el acceso a un proceso justo y el respeto de las libertades legales a los detenidos. Human Rights Watch urgió al Gobierno regional del Kurdistán iraquí a que apliquen la legislación internacional y aseguren un procesamiento correcto de los reclusos y juicios imparciales.

Human Rights Watch expresó sus preocupaciones a varios líderes del gobierno regional, como el presidente Masud Barzani, que creó un comité gubernamental para investigar varios centros de detención a principios de octubre de 2006.

"Las fuerzas de seguridad del Kurdistán someten de forma rutinaria a los detenidos a la tortura y a otros abusos", comentó la directora para Oriente Próximo de HRW, Sarah Leah Whitson. "Aunque las autoridades kurdas han dado grandes pasos para mejorar las condiciones de los centros de detención, deben hacer más para terminar con la práctica de la tortura", añadió. "El gobierno debe castigar con la cárcel a los funcionarios e interrogadores que sean responsables de los abusos" concluyó.

El Partido Democrático Kurdo (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) son los dos principales partidos en la región, y ambos mantienen sus propias fuerzas de seguridad, conocidas como Asayish. Las dos Asayish operan fuera del control del Ministerio del Interior, y mantienen sus propios centros de detención donde mantienen a cientos de detenidos, especialmente aquellas personas sospechosas de actividades terroristas.

Durante las entrevistas realizadas por HRW en los centros de detención, algunos detenidos denunciaron que habían sido agredidos con barras de metal y otras herramientas, que les habían mantenido en posiciones incómodas durante largos periodos de tiempo y que les habían mantenido con los ojos vendados y las manos atadas durante varios días. La mayoría de los entrevistados indicaron también que les habían mantenido en celdas de aislamiento durante mucho tiempo. Además, los entrevistadores notaron en casi todas las ocasiones que los centros suelen estar abarrotados y son antihigiénicos.

LIMBO LEGAL

La asociación también reveló que cientos de detenidos se encuentran e un 'limbo' legal sin acceso a muchos de sus derechos legales. En la mayoría de los casos, las autoridades kurdas no presentan cargos contra los detenidos, impidiéndoles así contactar con sus parientes o con un abogado, o llevarles a juicio en un tiempo razonable.

También se han revelado casos en donde las autoridades kurdas han tomado como rehenes a parientes de sospechosos de terrorismo. En otros casos, los condenados han terminado de cumplir su pena pero permanecen en prisión, o los acusados que han sido absueltos continúan privados de su libertad. Muchos de ellos no conocen su estatus legal, cuánto tiempo tendrán continuarán detenidos o quá les pasará.

"Las autoridades kurdas deben presentar cargos contra los detenidos o dejarles en libertad". comentó Whitson. "Los detenidos deben ser capaces de poder refutar la base legal de su detención y recibir un juicio imparcial en un tiempo razonable por los cargos que se les imputen", añadió.

En julio de 2006, la Asamblea Nacional Kurda adoptó la ley de lucha antiterrorista en la región, que considera como crimen un gran número de actividades. Esta ley no clarifica el estado legal de los sospechosos de terrorismo arrestados antes de esta nueva ley.

"Las autoridades kurdas deben establecer un criterio claro para evaluar el estatus legal de los sospechosos de terrorismo detenidos con anterioridad a la ley antiterrorista", dijo Whitson. "Y deben designar un comité judicial independiente que revise todos los casos de detenidos", manifestó.

Durante el último año, miembros de las Asayish han iniciado revisiones parciales de algunos casos y han liberado a algunos detenidos. Mientras HRW reconoce y da la bienvenida a la cooperación de las autoridades kurdas, esta cooperación no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de los centros de detención de las Asayish o en el comienzo de las revisiones imparciales sobre estatus legal de los detenidos.