MADRID 21 Sep. (OTR/PRESS) -
El conflicto de la enseñanza, que este martes arrancaba con huelgas y movilizaciones, se está convirtiendo en el calvario de las administraciones autonómicas del PP y en un factor de frustración en esta fase terrible de la crisis económica. Y es un elemento que subraya las grandes contradicciones políticas que estamos viviendo en el devenir de la crisis. Por ejemplo, no tiene ningún sentido oponerse al impuesto sobre el patrimonio de los más favorecidos por la fortuna y al mismo tiempo implantar esos recortes radicales en la enseñanza pública, que aquel impuesto podría evitar. Otra cosa es que todo esto tenga o no una repercusión electoral el 20-N, pero eso ya se verá. Pero lo que queda muy claro es que debajo del conflicto hay un enfrentamiento ideológico indiscutible. La derecha de este país aprovecha la crisis económica para intentar debilitar a la enseñanza pública y favorecer a la privada. Parece mentira, pero todavía estamos con éstas, pasada ya la primera década del siglo XXI.
Ese ataque de Esperanza Aguirre a la enseñanza gratuita y obligatoria, justo unas horas antes de la jornada de movilizaciones, significa que la presidenta de Madrid abre una vez más los caminos de la derecha al retroceso social y a la eliminación de los avances en la igualdad y en la universalidad de la educación que tantos años y esfuerzos había costado conseguir. Lo hace a sabiendas de que así fortalece su estatus de liderazgo en la derecha en unos tiempos en que ahí se piensa que todo el campo es orégano y que el Tea Party hispano se pondrá a la altura de sus homólogos americano y europeos. A sabiendas de que la empresa es aquí más fácil que la de cargarse a Obama en USA. Lo conseguirán sólo si el electorado progresista y de izquierdas cae en la trampa de quedarse en casa el día de las elecciones. Otra cosa es que luego el triunfo les dure mucho, poco o nada, pues ni las recetas de la derecha solucionan nada ni el electorado la perdona más que a la izquierda. Que se lo pregunten a Merkel o al jefe del Gobierno portugués, por poner los casos más evidentes y recientes.