Rafael Torres.- Al Margen.- El año de la gran estafa.

MADRID 2 Ene. (OTR/PRESS) -

Llámese estafa o fraude al hecho de dar gato por liebre y, encima, quedarse también con el gato, lo cierto es que 2013 será el año de la Estafa (quedémonos, para simplificar las cosas y entender el caso, con Estafa). Dejando a un lado, pero no muy lejos, la de índole moral y política perpetrada por el partido en el gobierno, que mintió a los electores prometiéndoles el oro y el moro si ganaba las elecciones, incumpliendo sistemáticamente tras ganarlas cuanto había prometido y dejando a la ciudadanía sin gato, sin liebre y sin nada, la Estafa de la comercialización masiva a ahorradores particulares de productos financieros lesivos y tóxicos, ejecutada particularmente por las Cajas integradas en Bankia, es la que exige y a la que se le debe y puede dar una solución urgente, pues no sólo afecta dramáticamente a centenares de miles de familias, sino a la propia legitimidad del Gobierno, responsable de la entidad intervenida, si no arbitra enseguida la devolución íntegra de los ahorros incautados a los trabajadores.

Es cierto que, lamentablemente, España no es Islandia, ilustrado y democrático país donde, como se sabe, los tribunales acaban de condenar con penas de cárcel a los directivos del tercer banco del país, el Glitnir, por hacer, más o menos, lo que los imputados de Bankia que han ido desfilando por la Audiencia Nacional, aunque, en realidad, algo menos, pues no empapelaron con los cromos muertos de las Preferentes a los clientes de toda la vida. España no es Islandia, y ya veremos qué sale del juicio a esos banqueros, políticos y sindicalistas que han precipitado al abismo al sistema financiero de nuestro país y empobrecido a sus habitantes, pero lo más seguro es que la judicialización del caso, que de momento se circunscribe a las demandas particulares y, en la Audiencia, a la salida a Bolsa del engendro bancario, se extienda hasta alcanzar la responsabilidad del propio Gobierno, y no sólo como responsable civil subsidiario de las indemnizaciones a los afectados, como le ocurrió al gobierno de Aznar con las víctimas de la colza, sino como responsable civil solidario si se mantiene el infame plan, del que es autor, de despojar a las personas de sus patrimonios para salvar el culo de los que quebraron Bankia y los intereses de los prestamistas extranjeros.

Varias asociaciones de estafados y diversos bufetes y equipos jurídicos trabajan ya en esa dirección, y de ese trabajo, o de la acertada decisión política que lo haga innecesario, dependerá que en 2013 no estalle, con consecuencias imprevisibles, el núcleo de la Gran Estafa.