MADRID, 6 Mar. (OTR/PRESS) -
La votación en el Congreso para intentar elegir un presidente del Gobierno ha puesto en marcha el reloj electoral: si los partidos no se ponen de acuerdo antes del 2 de mayo, el próximo 26 de junio se celebrarán otra vez en España elecciones generales. Al margen del coste político o social que el proceso pueda o no tener, lo seguro es que costaría dinero.
Así, organizar unas nuevas elecciones generales el próximo mes de junio tendría un coste millonario, al menos los 130 millones que costó la maquinaria electoral del 20 de diciembre, más el gasto en campaña de los partidos políticos, que procede fundamentalmente de las arcas del Estado.
Al respecto, el PSOE cifró el coste de su campaña para las elecciones generales del pasado 20 de diciembre en unos 9 millones de euros; Ciudadanos (C's) gastó más de cuatro millones; IU alrededor de 2,5 millones; y Podemos calculó unos gastos de unos 2,2 millones de euros.
En cuanto al PP, no ha dado a conocer cuánto se dejó en esa campaña, aunque tendrá que justificarlo en unos días: todos los partidos tienen obligación de entregar la información de sus gastos al Tribunal de Cuentas a partir del 20 de marzo.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a Europa Press, el presupuesto de la maquinaria electoral para las generales de diciembre fue de 130 millones de euros, incluidos los 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda), los 12,8 millones del escrutino y la difusión de los datos, otros 12,59 millones de logística (papeletas, locales, campañas de difusión) y 55,1 millones que se dejan las administraciones públicas en todo el proceso (por ejemplo, el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones).
Sin embargo, a estas cantidades hay que sumar lo que se gastan los partidos políticos para 'vender' a sus candidatos, para lo cual reciben importantes subvenciones públicas según los votos y los escaños que lograron en las pasadas elecciones. Es decir, los resultados de diciembre marcarán el gasto en las campañas de junio, si tienen que organizarse.
Además, los partidos políticos pueden sumar también donaciones privadas de personas físicas o por 'crowdfunding' y pedir préstamos a los bancos, siempre que en total no superen un gasto máximo permitido por la Ley Electoral General.
CÓMO MÁXIMO, 13,5 MILLONES POR PARTIDO
Para los partidos que se presentan en toda España, ese tope es de unos 13,5 millones de euros: 0,37 céntimos por persona con derecho a voto (36,5 millones de electores).
Sin embargo, sólo PP y PSOE son capaces de acercarse a ese límite y aún así los socialistas se quedaron en diciembre ya a cierta distancia. Según los datos que facilitó a Europa Press, el PSOE gastó unos 9 millones en la campaña del 20D. Podemos, por su parte, invirtió unos 2,2 millones a la campaña y Ciudadanos, cuatro.
Los dos partidos denominados emergentes financiaron sus campañas con aportaciones de particulares o recurriendo a un préstamo (en el caso de Ciudadanos), pero al tener ya presencia en el Congreso y en el Senado tienen derecho a subvención electoral, se celebren cuando se celebren los comicios.
Para ambos supondrá una importante inyección de dinero, mientras que PP y PSOE deberán atenerse a las consecuencias de haber perdido millones de votos y de escaños, como Izquierda Unida (concurrió como Unidad Popular). Esta última además no recibirá dinero para propaganda electoral, que sólo les corresponde a los partidos con grupo parlamentario en el Congreso, y no es su caso.
Cada partido cobra 21.167,64 euros por escaño en el Congreso. Es decir, 2,37 millones el PP (sin sus coaliciones regionales), 1,8 millones el PSOE-PSC, 850.000 euros Ciudadanos y 870.000 Podemos (también, sin sus coaliciones autonómicas). Además, recibe 0,81 céntimos por los votos con los que ha logrado esos diputados y 0,32, por los que le han dado senadores.