MADRID 14 Sep. (OTR/PRESS) -
No hay un Plan Estratégico de Lucha contra la Corrupción consensuado con todos los pilares del sistema -los tres poderes, la Fiscalía, los partidos políticos, las empresas, los actores jurídicos, las empresas-, es decir, con todos los que pueden y deben apostar por la transparencia y acabar o, al menos, hacer mucho más difícil que la corrupción se instale entre nosotros. Y sin ese Plan, seguirá habiendo corrupción. Transparencia Internacional España celebra su 25 aniversario. Es la organización que ha sido capaz de elaborar y aplicar índices de transparencia a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas y a impulsar que muchas empresas e instituciones se hayan puesto las pilas y tengan sus Planes, sus Códigos Éticos o de Buenas Prácticas y los apliquen.
¿Elimina eso las posibilidades de corrupción? Claro que no. Es un fenómeno casi consustancial al hombre. Cuando la tentación pasa por delante en forma de billetes, acuerdos, prebendas o lo que sea, es difícil resistir. Sobre todo, si no se ha educado para ello, si no hay leyes que definan y sancionen duramente esas conductas, si no se han puesto controles para evitarlo, si las Administraciones públicas son opacas y si los corruptos están convencidos de que no pagarán por ello. Es decir, que la Justicia no actuará con diligencia y con efectividad. Los corruptos, los grandes corruptos no solo van siempre por delante de las leyes y de la Justicia, también de la policía y de la fiscalía, sino que sus medios son infinitamente superiores, más modernos, con una tecnología punta que les da mucha ventaja. Hay que dotar de instrumentos suficientes a la lucha contra la corrupción y las sanciones penales tienen que ser duras y cumplirse. Y eliminar privilegios procesales. Si, además o sobre todo, conseguimos que los corruptos devuelvan el dinero que se llevaron, fantástico. Es bueno que nos escandalicemos, pero hay que educar, hay que meter en la conciencia de todos que lo público y lo ajeno es sagrado, hay que prevenir.
Hace diez años, sólo el 0,8 por ciento de los españoles consideraba que la corrupción, el fraude y la clase política eran alguno de los principales problemas de España. Hoy lo piensa el 45 por ciento. Pero hemos avanzado porque ya los ciudadanos saben que son conductas no aceptables, no permisibles. En estos diez últimos años hemos mejorado en transparencia, pero la mayoría de las Administraciones Públicas siguen sin cumplir una de las partes fundamentales de la Ley de Transparencia: el derecho de acceso real, fácil, de los ciudadanos a la información. Derecho, no concesión gratuita de los poderes públicos. No tienen planes estratégicos, no hay organización internas que evalúe el cumplimiento de estas obligaciones o de los conflictos de intereses. No rinden cuentas.
Para restaurar la confianza en las instituciones y en la clase política, para regenerarlas, hay que exigirlas verdadera transparencia. Muchos que la exigen para los demás, no están dispuestos a aplicarla cuando se habla de "lo suyo". Hemos mejorado. Hay cientos de políticos que han sido llevados ante la Justicia y condenados. Bastantes están en la cárcel. Pero es cuestión de todos, no solo de los políticos. Hay que hacer más, hay que prevenir y no bajar la guardia.