MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Raúl Castro acusó a Estados Unidos de colaborar con la expansión en Cuba de los delitos relacionados con las conexiones ilegales a Internet y la televisión por satélite, suministrando equipos y material que permitan las telecomunicaciones clandestinas en la isla.
En abril de este año fueron detenidas en La Habana un número no precisado de personas que se dedicaban a instalar redes de acceso inalámbricas y prestaban servicios ilegales para que un grupo de residentes recibieran llamadas internacionales "sin necesidad de acceder a las redes terminales de ETECSA", la empresa estatal de comunicaciones, informa este lunes el diario oficial 'Granma'.
"Esto provocó serias afectaciones a esta entidad del Estado cubano, la cual dejó de recibir ganancias por concepto de llamadas internacionales que ellos realizaron ilegalmente", denuncia el rotativo portavoz del gobernante Partido Comunista de Cuba.
Personas "sin ningún tipo de escrúpulo" han logrado hacerse además con equipos satelitales y ofrecer televisión internacional a los cubanos a cambio de dinero. Pero además se han dedicado al robo en instituciones públicas de cables y otros materiales que se utilizan en las comunicaciones nacionales e internacionales para la instalación de equipos de recepción satelital, según La Habana.
"Esta actividad es financiada por Estados Unidos, desde donde llegan al país los medios e implementos necesarios, burlando los controles establecidos", afirma 'Granma'.
"La obtención de servicios de telecomunicaciones mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, o la utilización de cualquier maniobra técnica que permita neutralizar, eludir o burlar los mecanismos de control establecidos, constituye un delito", recuerda el diario comunista.
En estas actividades ilícitas -señala 'Granma'- también se han visto implicados trabajadores estatales que han actuado como "cómplices" de los robos de material tecnológico a las entidades públicas "para su provecho individual".
"También están los que tienen el deber de ofrecer el servicio de forma legal y argumentan dificultades para que los necesitados recurran al soborno, como método de alcanzar lo que es su derecho", explica el rotativo.
Cuba tiene restringido su acceso a Internet a determinadas instituciones del Estado, como las universidades. El Gobierno afirma que estas limitaciones obedecen a que el bloque norteamericano les impide tener una mejor conexión. Por este motivo, Venezuela financió el tendido de un cable submarino que debió entrar en funcionamiento en julio, sin embargo, hasta la fecha, el uso de Internet en la isla continúa limitado para un grupo de ciudadanos.
La televisión de pago es un servicio que ofrece en Cuba únicamente la empresa, perteneciente a la Corporación CIMEX, al sector del turismo, empleados del régimen, diplomáticos y compañías extranjeras. El resto de la población tiene restringida la posibilidad de suscribirse a este servicio, así como a ver programación de otros países que no sea transmitida por las cadenas oficiales.
Las leyes cubanas establecen sanciones que pueden alcanzar los 30.000 pesos (unos 830 euros) por incurrir en estos delitos, así como penas de cárcel de hasta tres años.
"Cuba tiene todo el derecho de salvaguardar su soberanía radio-electrónica. Los que intenten burlarla recibirán el peso de la aplicación de las normas administrativas correspondientes y de la Ley penal", concluye 'Granma'.