Una norma europea para garantizar el 'derecho al olvido' en las redes sociales

BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Europea presentará este miércoles 25 de enero una norma para garantizar el 'derecho al olvido' en las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio.

   El reconocimiento de este 'derecho al olvido' es una de las principales novedades de la reforma de las normas sobre protección de datos a la UE que ha diseñado la comisaria de Justicia, Viviane Reding.

   La legislación obligará a las compañías como Facebook a borrar los datos de una persona de forma inmediata y completa si ésta lo reclama de forma explícita y no existe ninguna razón legítima para retenerlos.

   La propuesta exigirá que la configuración de las redes sociales garantice la "privacidad por defecto", de forma que los datos de los usuarios no puedan hacerse públicos salvo si éstos han dado su permiso expreso. Estas compañías deberán minimizar el volumen de datos de sus clientes que recogen y procesan.

   El Ejecutivo comunitario quiere garantizar un fácil acceso de los usuarios a sus propios datos y reconocerá también un "derecho de portabilidad", es decir, el derecho de obtener una copia de los datos almacenados por una red social y la libertad de trasladarlos a otra. De esta forma, Bruselas espera aumentar la competencia.

   Este tipo de compañías estarán obligadas a notificar en un plazo de 24 horas tanto a los interesados como a las autoridades nacionales de protección de datos cualquier violación de la seguridad de los datos.

   Los Estados miembros estarán obligados a incorporar a sus legislaciones penas "eficaces, proporcionadas y disuasorias" para castigar cualquier vulneración de estas normas. Además, la Comisión quiere facilitar que los afectados por una fuga de datos puedan pedir daños y perjuicios.

   La nueva legislación supondrá un conjunto único de reglas sobre protección de datos válido de forma inmediata, una vez aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, en toda la UE. Ello ahorrará a las empresas alrededor de 2.300 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.