BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha lanzado este martes una investigación formal para determinar si el gigante informático estadounidense Apple y cinco editoriales internacionales -la francesa Hachette Livre, las norteamericanas Harper Collins y Simon & Schuster, la británica Penguin y la alemana Holzbrinck- han alcanzado un acuerdo ilegal para limitar la competencia en la venta de libros electrónicos y mantener los precios elevados.
De confirmarse estas sospechas, el Ejecutivo comunitario podría imponer fuertes multas a todas las empresas implicadas.
La Comisión examinará "si estas editoriales y Apple han concluido acuerdos o han llevado a cabo prácticas con el objetivo o el efecto de limitar la competencia y de fijar el precio de los libros electrónicos a un nivel elevado en Europa", según ha anunciado la portavoz de Competencia, Amelia Torres.
Bruselas analizará además la naturaleza y las cláusulas de los 'contratos de agencia' concluidos entre estas cinco editoriales y los distribuidores para la venta de libros electrónicos. El Ejecutivo comunitario "teme que estas prácticas vulneren las reglas de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas".
La apertura del procedimiento significa que la Comisión tratará el asunto de forma prioritaria, pero no prejuzga su resultado. Tanto las empresas como las autoridades nacionales de competencia han sido informadas del lanzamiento de las pesquisas.
La duración de las investigaciones en materia de cárteles y abuso de posición dominante no está sujeta a plazos legales, sino que depende de elementos como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas y el ejercicio del derecho de defensa.
En marzo de 2011, funcionarios de la Comisión realizaron inspecciones por sorpresa en los locales de varias empresas del sector de la edición de libros electrónicos en varios Estados miembros.
Hasta ahora, Bruselas y la autoridad británica de competencia han llevado una investigación paralela, pero colaborando estrechamente, para determinar si las condiciones de venta de libros electrónicos podrían ser contrarias a las normas de competencia. Antes de la apertura del procedimiento formal por parte de la Comisión, la autoridad británica ha cerrado su caso por razones de prioridad administrativa.
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