Piden al juez que estudie si personas vinculadas a Bankia fueron beneficiarias

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El despacho de abogados Jausas ha criticado el visto bueno que dio el Banco de España a la recompra de preferentes de Bankia de marzo de 2012 y ha solicitado al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que investigue si los beneficiarios de esas transacciones fueron personas vinculadas al grupo.

El bufete hace esta petición después de analizar un informe del supervisor en el que se pone de manifiesto que el 8 de marzo de 2012, apenas dos meses antes de la nacionalización de Bankia, la institución autorizó que BFA, la matriz del grupo, amortizara 1.277 millones de euros en participaciones preferentes perpetuas emitidas entre el año 2000 y 2007 al 100% mediante la entrega de acciones de Bankia, cuando su valor real era del 21%.

Según Jausas, el informe establece que "el lucro cesante para BFA comparando los precios podría ser de hasta 1.000 millones de euros en caso de 100% de aceptación".

"El efecto fue muy perjudicial para los tenedores de preferentes de Bankia. Por un lado, BFA se despatrimonializó en 1.000 millones de euros, disminuyendo las garantías de los acreedores entre los que se encontraban los tenedores de preferentes, y, por otro lado, se liberó a los acreedores de emisiones antiguas de la obligación de asumir parte de las pérdidas que en ese momento ya se vislumbraban para Bankia", ha apuntado el socio de Jausas Jordi Ruiz de Villa.

INFORME

El informe reconoce que los acreedores de BFA podrían argumentar que a otros acreedores se les reembolsaba el dinero antes que a ellos, "con independencia de que se pague un precio muy por encima del valor de mercado". "Además podrían señalar que se paga a acreedores perpetuos, o con vencimientos posteriores a los suyos", añade.

Por último, el informe concluye que pese a que "los argumentos negativos pesan tanto o más que los positivos", la operación quedaba autorizada porque se obtenía un compromiso de devolución de los recursos públicos.

"Es un argumento arbitrario, porque una promesa de devolver fondos públicos no puede usarse para autorizar una operación que perjudica en 1.000 millones de euros al grupo y a decenas de miles de inversores", ha afirmado Ruiz de Villa.

El letrado ha pedido al juez Andreu que investigue quiénes fueron los beneficiarios de esta maniobra y sus relaciones con los dirigentes y empresas del grupo Bankia, así como un detalle pormenorizado de quién y cómo se tomó la autorización en el Banco de España, por si se pudieran pedir responsabilidades a la administración del Estado.