División en la comunidad educativa ante el posible aval del TC a la financiación pública de la educación diferenciada

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Varias organizaciones de la comunidad educativa han manifestado posturas opuestas sobre el posible aval del Tribunal Constitucional a la financiación pública de los centros escolares que separan a los alumnos por sexo y que el Gobierno blindó en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Para la presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, si se hace efectivo este respaldo del TC a la enseñanza diferenciada sería "muy negativo" para el sistema educativo y un "paso atrás" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, ha censurado la politización de la Justicia española: "Esos jueces están puestos por los partidos políticos y deciden sobre lo que a estos les interesa". Lo mismo ha indicado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que ha subrayado que es un "escándalo" que el PP "recurra a la Justicia para que "avale sus políticas franquistas".

Sin embargo, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, ha señalado que la posible decisión del TC estaría "en consonancia" con el artículo 27 de la Constitución española que garantiza el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza. "Todo lo que vaya en encaminado en la defensa de la libertad de elección de los padres es bueno", ha apostillado.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), su presidente, Alfonso Aguiló, ha señalado que es favorable a la "pluralidad en la escuela" y ha recordado que en Francia, Alemania e Inglaterra la diferenciada forma parte también de la red pública.

"Reconocer derechos y libertades es algo positivo para la pluralidad del sistema educativo y lo que corresponde a una sociedad moderna", ha destacado Aguiló, que ha pedido a quienes están en contra de la educación diferenciada que si el TC falla a favor de la misma "tendrán que acatarlo y respetar el Estado de Derecho".

Precisamente, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, ha señalado que aunque no está de acuerdo con este modelo de educación que separa a los alumnos por razón de sexo, "si se ampara judicialmente", su organización no tendrá "nada que decir".

Por su parte, el representante de STES en el Consejo Escolar del Estado, José Luis Belmonte, ha indicado que una sentencia a favor de los conciertos a colegios que separan a los alumnos por razón de sexo "retrotrae" a años anteriores a 1970, pues la Ley de Villar Palasí aprobada ese año "ya decía que la educación tenía que ser mixta". "No es de recibo que el TC avale situaciones que discriminan al alumnado", ha apostillado.

La responsable del Sector de Educación de FeSP-UGT, Maribel Loranca, ha indicado que si bien este sindicato considera "respetable" que los padres o tutores apuesten por esta educación "segregadora", sin embargo, cree que estos centros "no los tienen que pagar todos los ciudadanos". Además ha advertido de que la ponencia que debate el TC incluye también la asignatura de Religión evaluable o la "segregación" del alumnado en itinerarios formativos diferenciados.

Desde CCOO, Miguel Recio ha advertido de que el posible respaldo del TC a este modelo diferenciado no obligaría a la administración educativa a ofertarlo. "Sería legal, pero no obligatorio", ha subrayado para añadir que "no es un derecho de los padres, sino de las administraciones". "El Gobierno tendría margen para eliminar este punto de la ley", ha añadido.