El PSOE pedirá en el Senado la derogación del decreto de recortes educativos durante la crisis

   MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Socialista pedirá, en el Pleno del Senado que se celebra desde este martes, la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 "excusándose en la crisis", según los socialistas, al que atribuyen la "gran subida en los precios públicos de las matrículas universitarias" de los últimos años.

   Además, los socialistas solicitarán un nuevo marco estatal de precios públicos que "reduzca progresivamente el importe de las matrículas de los grados y másteres" estableciendo un "plazo máximo de cuatro años" para que la matrícula de estas titulaciones "sea gratuita", algo que reclaman para el alumnado de la UNED ya el próximo curso.

   Así figura en la moción consecuencia de interpelación, el pasado 10 de abril, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sobre los precios públicos de las matrículas universitarias.

   En su exposición, el Grupo Parlamentario Socialista atribuye al Real Decreto Ley 14/2012 haber creado "un sistema universitario más desigual y fragmentado" al asignar al Consejo de Ministros la posibilidad de crear "horquillas para los precios públicos" de los estudios universitarios, provocando además "una gran subida" que convierte a España, según el PSOE, "en el quinto país de Europa con los precios más altos".

   Los socialistas también responsabilizan a este decreto de "la penalización de una forma desorbitada entre la primera y segunda y sucesivas matrículas", algo que consideran "inusual" en los países de nuestro entorno. En el texto de la moción se admite que el Gobierno ha introducido modificaciones sobre este asunto en los Presupuestos Generales del Estado presentados para este año, pero las consideran "simples parches" que no resuelven "las desigualdades entre comunidades autónomas" que ha fomentado esta forma de regular el precio de las matrículas universitarias.

"ESPANTADA" POR RESPUESTA

   La moción lleva la firma del senador andaluz Francisco Menacho, que hace dos semanas acusó al Gobierno de Rajoy, durante una interpelación al ministro Méndez de Vigo en la Cámara Alta, de "romper la unidad y la igualdad entre un territorio y otro" al dejar en manos de las comunidades autónomas el precio definitivo de las matrículas universitarias, y reclamó su gratuidad. "¿Porqué hay que pagar para ir a la universidad y no para ir a un hospital?", planteó Menacho.

   En aquel debate, el ministro invitó a los socialistas a que regresasen a la Mesa del Pacto Educativo, y señaló la "herencia recibida" del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como responsable de las medidas del primer Ejecutivo de Rajoy para contener el gasto en educación. "Vuelvan ustedes al Pacto Educativo", dijo Méndez de Vigo.

EL DECRETO, A LA AN

   Precisamente la semana pasada CCOO interpuso un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional reclamando también la derogación del Real Decreto Ley 14/2012. Lo hice después de haberlo reclamado por vía administrativa al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sin haber obtenido respuesta, según el sindicato.

   En el recurso, CCOO alega que el decreto impuso el aumento del número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semana el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional. Medidas de "carácter excepcional" que deberían dejar de estar vigentes, defiende el sindicato, "dado que ya no se dan las circunstancias extraordinarias y de déficit público" que las motivaron".

   Sin embargo, el Ministerio considera que varias de las medidas del Real Decreto Ley 14/2012 han sido revertidas en estos últimos años, entre ellas el aumento del precio de la matrícula universitaria al aminorarse, en los Presupuestos de 2017, las horquillas de precios, dejando la decisión final a cargo de las comunidades autónomas.