Convivencia Cívica se querellará contra Rigau por la inmersión lingüïstica

Francisco Caja
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 15 marzo 2012 17:48

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha anunciado este jueves que presentará una querella por prevaricación contra la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, al considerar que ha "incitado" al incumplimiento de la ley por defender la inmersión lingüística en las aulas.

"Rigau y el Govern han incitado a la sociedad catalana a cometer un delito al animarla a defender la inmersión lingüística en las escuelas pese a que el Tribunal Supremo (TS) ya declaró que esto vulneraba los derechos de los alumnos", ha explicado el líder de CCC, Francisco Caja, en rueda de prensa.

Para la entidad, supone un delito que Rigau haya expresado públicamente "su voluntad manifiesta de desacatar la sentencia" del TS, asegurando que las entidades que han dado apoyo a la inmersión lingüística lo han hecho por ser independentistas.

Antes de presentar la querella contra la consellera, CCC ha previsto presentar este próximo lunes un recurso de casación contra el auto del TSJC, que la semana pasada defendió la inmersión lingüística en las aulas, aunque reclamó una atención personalizada de aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten.

Tras estas dos actuaciones, la entidad presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tome partido en este asunto.

"No puede ser que el sistemático ataque a la Constitución que está llevando a cabo el Govern quede impune, por lo que la justicia debe pronunciarse", ha valorado Caja, instando también al PP a actuar en este sentido.

Además ha asegurado que Rigau se ha negado a ofrecer enseñanza bilingüe a las más de 800 familias que así lo han solicitado.

INDEMNIZACIONES DE 120.000 EUROS

Por su parte, el letrado de CCC Ángel Escolano ha animado a las familias catalanas a reclamar una enseñanza bilingüe, sin la discriminación positiva hacia el catalán actual, asegurando que aquellas que lo hagan recibirán indemnizaciones de entorno a 120.000 euros, aunque ha precisado que la cifra podría aumentar o disminuir en función de cada caso.

"En el momento que presenten una reclamación administrativa el taxímetro del dinero empezará a correr", ha afirmado, explicando que las cinco familias para las que el TS ya se ha pronunciado merecen indemnizaciones correspondientes a los seis años que han transcurrido desde que se interpuso la demanda inicial.