Plantea que los centros puedan ampliar el calendario y horario lectivo y el apoyo a los que escolaricen alumnos en "desventaja social"
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP propone, entre las 42 enmiendas al proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), reducir de cuatro a tres las opciones de Bachillerato, el fin de las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el curso 2015-2016, la introducción en el currículo de la prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, la repetición de curso en Secundaria con Matemáticas y Lengua suspensas a la vez o que las evaluaciones sean aplicadas y calificadas también por profesorado no funcionario.
En cuanto al Bachillerato, argumenta que "los diferentes comparecientes que han informado a la Comisión de Educación y Deporte han expresado una opinión generalizada sobre la conveniencia de unificar el de Humanidades y el de Ciencias Sociales" y señala que esta medida "conllevaría ventajas desde el punto de vista organizativo para los centros".
En coherencia, plantea modificar el artículo 34 bis que regula la organización del primer curso de Bachillerato para concretar que los alumnos que cursen la modalidad propuesta de Humanidades y Ciencias Sociales tendrán que estudiar las asignaturas troncales generales de Filosofía, Latín I, Lengua Castellana y Literatura I y Primera Lengua Extranjera I.
Además, habrán de elegir dos materias troncales de opción entre Economía, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal y Matemática aplicada a las Ciencias Sociales I.
En el proyecto, la única diferencia entre el Bachillerato de Humanidades y el de Ciencias Sociales era que en el primero Latín I era obligatoria y en el segundo, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. No obstante, en ambos casos estas materias figuraban entre las troncales optativas por lo que el diseño curricular en función de lo que eligiera cada alumno podía llegar a ser exactamente igual.
El PP concreta la fecha de entrada en vigor del nuevo acceso y admisión a las universidades y no será hasta 2015-2016 cuando se realicen las primeras evaluaciones de final de Bachillerato que sustituyan a las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), más conocidas como selectividad. No obstante, propone que se adelante al curso 2014-2015 la realización de los nuevos procedimientos de admisión a los estudiantes que hayan obtenido el título, diploma o estudios equivalentes al Bachillerato, para favorecer la internacionalización de las universidades españolas.
En relación a la autonomía e los centros, el PP sugiere, "en coherencia" con este principio, que los colegios o institutos puedan ampliar el calendario escolar y el horario lectivo de áreas o materias, en los términos en que establezcan las administraciones educativas, y sin que se impongan "en ningún caso" aportaciones a las familias ni exigencias a las administraciones.
CONSULTA A LAS CC.AA PARA LAS EVALUACIONES
Los 'populares' introducen una enmienda de modificación en la que incluyen la consulta previa a las comunidades autónomas para establecer los criterios de evaluación y características para todo el sistema educativo español con el fin de asegurar unos criterios comunes a todo el territorio.
Por otra parte, el PP introduce una modificación en el diseño de las pruebas de final de Enseñanza Secundaria Obligatoria y propone que los alumnos sean examinados de todas las materias generales del bloque de troncales, de dos materias optativas y de una de las asignaturas específicas que hayan cursado a lo largo del ciclo, siempre que no sea Educación física, Religión o Valores.
El proyecto preveía que los alumnos se examinasen de una de las materias específicas trabajadas en cada uno de los cursos. El PP considera que habrá alumnos que cursen las mismas asignaturas a lo largo del ciclo y los habrá que no coincidan, por lo que "para que todos realicen la evaluación en las mismas condiciones" conviene fijar una sola materia específica.
Al igual que con la prueba final de la ESO, los 'populares' plantean que en la de Bachillerato los alumnos se examinen de todas las materias generales cursadas en el bloque de las troncales, de dos materias optativas cursadas en el mismo bloque y de una materia del bloque de las específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación física, Religión o Valores.
De esta manera, pretende modificar lo que establece el proyecto normativo, pues en lugar de que el alumno se examine de una materia específica de cada curso de la ESO, se examine de una sola de las que haya estudiado a lo largo de esa etapa.
En relación al acceso a la nueva Formación Profesional Básica, el PP sugiere que el equipo docente sea el que proponga a los padres o tutores legales del alumno su incorporación a este ciclo de enseñanza.
Por otra parte, la batería de enmiendas recoge una modificación del artículo 71 de la LOE que en principio, no tocaba la LOMCE y que da la posibilidad a las administraciones educativas de establecer "planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en desventaja social", con el objetivo de "apoyar" a los colegios cuyos alumnos estén en esta situación.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y HOLOCAUSTO
Los 'populares' plantean también a través de una nueva disposición adicional que en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se incorpore el aprendizaje de la "prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos". Entre los contenidos, destaca la necesidad de incluir "en todo caso" la prevención de la violencia de género y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
También quieren que la ley incluya en los planes de convivencia, que tienen que elaborar los centros, actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con "especial atención" a las actuaciones e prevención de la violencia de género.
Respecto a la realización material de las evaluaciones, el PP argumenta que estas pruebas puedan ser aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español, no sólo por funcionarios docentes, como indica el proyecto de ley del Ministerio de Educación.