Sindicatos de la Enseñanza reclaman la devolución de la paga extra

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Enseñanza (CCOO, ANPE, CSIF, UGT y STES) reclaman la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 o, en su defecto, el abono de la parte proporcional de la misma (periodo entre el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012). La presentación de la reclamación tiene lugar este lunes de forma coordinada en todo el país y en todos los ámbitos funcionariales.

Los sindicatos apuntan que, en caso de desestimarse este primer recurso en el ámbito contencioso-administrativo, procederían a llevar la reclamación por la vía judicial, y que, en caso de prosperar, pedirán la extensión de la sentencia a todos los empleados afectados por la medida.

Según indican los sindicatos, la retroactividad del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se incluye la supresión de la paga extra, "vulnera las garantías constitucionales, además de quebrantar el principio de seguridad jurídica".

Por ello, piden que se devuelva al profesorado la parte proporcional de la paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor del citado Real Decreto, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo que, según remarcan, "han sido desatendidas por el Gobierno".

"Rechazamos que para reducir el déficit público y realizar ajustes presupuestarios se lleven a cabo recortes en la función pública y en el sueldo de los funcionarios, cuando aún no se han puesto en marcha mecanismos para recortar sobre otras partidas menos justificadas ni iniciativas ejemplarizantes que atajen el fraude fiscal", subrayan.

Así, critican que se haya decretado "una escandalosa amnistía fiscal para que aflore el dinero opaco de los defraudadores de la hacienda pública".

A la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios públicos, según señalan, hay que añadir la bajada del sueldo de los funcionarios decretada por el actual y el anterior Gobierno, que suponen, a su juicio, "una desproporcionada pérdida del poder adquisitivo de efectos muy negativos para el funcionariado y el consumo interno" unida a "una inadmisible campaña de descrédito de la profesionalidad de los docentes y de los empleados públicos".