UPyD reclama igualar sueldos de la escuela concertada con la pública

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPyD ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama al Gobierno que iguale los sueldos de los profesionales de la escuela concertada con los de la pública, para su debate tanto en el Pleno de la Cámara baja, como en la Comisión de Educación.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide al Ejecutivo que garantice en 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública.

Al mismo tiempo, insta al Gobierno a compensar la pérdida de poder adquisitivo de este sector, con un incremento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 de la misma cantidad que ahora se ha eliminado en los PGE del año 2012, a través del decreto educativo aprobado hace unos meses.

A juicio de la 'formación magenta', los recortes que de manera sucesiva se han venido produciendo desde 2010 y posteriormente continuados por el actual Gobierno han supuesto un "tratamiento injusto" de los profesionales de centros concertados y de los propios centros de enseñanza.

Entre otros recortes, pone de relieve que un decreto de 2010 estableció, entre otras medidas, un 'tijeretazo' del 5 por ciento de la masa salarial anual de los funcionarios, sin que sus cotizaciones sociales a la Seguridad Social se vieran mermadas, a pesar de que los docentes de la concertada no figuraban en la norma como 'personal afectado'.

"La reducción se aplicó por parte de las comunidades autónomas en el año 2010 en el conocido como complemento de equiparación autonómico respetando el salario base y antigüedad", añade, al mismo tiempo que subraya que las comunidades autónomas utilizaron criterios dispares a la hora de los conceptos salariales sobre los que aplicar el recorte, así como el porcentaje del mismo.

Por ejemplo, avisa de que no se aplicó el recorte en 2010 ni en Galicia, ni en Extremadura, ni en Ceuta, ni Melilla; mientras que en 2011 se produjo un nuevo recorte del 5 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año, afectando en esta ocasión al salario base.

NO HAY ACUERDO

Desde enero de 2011, indica que la homogeneidad de las tablas salariales que se negociaban en el convenio colectivo nacional del sector, se quiebra al verse modificados los conceptos de salario base y antigüedad con distintos porcentajes según los territorios y las decisiones adoptadas por los mismos.

"La negociación colectiva entre sindicatos y patronales del sector está bloqueada y sin poder dar una solución técnica a este grave problema", alerta la formación que lidera Rosa Díez y que, en su opinión, está abocando a miles de profesores de la concertada a la pérdida del convenio colectivo y de sus derechos.

En este sentido, recuerda que los argumentos utilizados en su momento eran que los salarios del personal de la escuela concertada dependían de la financiación pública y que había que recortarlos porque su situación debía equipararse a los funcionarios docentes. "Una equiparación que no se ha producido nunca", agrega.

UN NUEVO RECORTE

En 2012, destaca que el decreto educativo establece una disminución en la partida de salarios del personal docente de un 4,5 por ciento con efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2012.

"También con los mismos efectos, se aprueba una disminución del 4,5 por ciento en la partida de gastos variables y de un 1,5 por ciento de la partida de otros gastos que incluye las cantidades para abonar el salario base del personal de administración y servicios", completa.

Así las cosas, agrega que las nuevas reducciones aprobadas supondrán, en algunas comunidades, la pérdida desde 2010 de más de un 15 por ciento del salario en unas retribuciones, ya de por sí mucho más bajas que las de los funcionarios docentes sin contar, además, con el perjuicio que supone la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social con el cálculo de la futura pensión de los docentes de la enseñanza concertada.

En definitiva, el partido de Rosa Díez defiende que la equiparación entre los funcionarios docentes y los profesionales de la enseñanza concertada, a la hora de aplicar las reducciones salariales, se traducen en una nueva discriminación y en un mayor recorte para éstos últimos.