El Gobierno incorporará la normativa europea contra la madera ilegal en la modificación de la Ley de Montes

La directora de Montes anuncia que la reforma reconocerá también las licencias de caza y la creación de un registro de infractores

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno incorporará la legislación de la Unión Europea contra la tala ilegal y la comercialización de esta madera así como toda la legislación de infracciones y sanciones dentro de la reforma de la Ley de Montes que está ultimando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que prevé llevarse a Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre.

Así lo ha anunciado la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, en una entrevista con Europa Press, en la que ha explicado que en la nueva Ley de Montes se incorpora toda la legislación de infracciones y la cuantificación de las sanciones relativas a los dos reglamentos comunitarios sobre lucha contra la tala ilegal y la comercialización de madera dentro de la Unión Europea, entre otras novedades.

Respecto a las sanciones, ha apuntado que estas irán en función del daño causado y de lo que cueste su reparación y que el rango de éstas irá desde 100.000 euros hasta 1 millón, aunque en algunos casos podrán ser mayores porque nunca serán inferiores al doble del valor de reposición del daño.

Además, ha explicado las novedades de esta ley que pretende que los montes y su gestión se "integren" en el medio rural como fuente de riqueza ambiental, social y económica y ha dicho que en esta línea van las 85 medidas del Plan de Activación Forestal recientemente aprobado. "Los montes que generan actividad no arden y los que no se gestionan tienen más incendios", ha asegurado.

Por ello, cree que los propietarios forestales necesitan incentivos que les ayuden a realizar tareas de limpieza y a generar economía en el monte y ha añadido que en esa línea van también los programas de la Unión Europea para desarrollo rural.

Entre los cambios de la norma, ha destacado la creación de nuevas figuras como las 'Sociedades forestales' que será una figura jurídica que permitirá la gestión agrupada de la gestión forestal sin que se pierda la titularidad sobre esa propiedad forestal. Esta iniciativa, según Nieto, tiene "mucho sentido" en zonas con la propiedad muy dividida porque el minifundio dificulta la gestión de montes.

Además, ha dicho que, con esta y otras figuras, se favorecerá la gestión porque se dará a las comunidades autónomas instrumentos para que los montes tengan distintos modelos de gestión a los que adherirse.

REINVERTIR BENEFICIOS EN EL MONTE

En este sentido, ha agregado que otra de las figuras serán los 'Montes de socios', que han surgido de las distintas desamortizaciones del siglo XIX y que después fueron recomprados por vecinos. Con esta iniciativa, se logrará la gestión de un monte indiviso aunque no todos los socios estén identificados, de modo que aquellos propietarios identificados recibirán sus beneficios y los que correspondan a dueños no identificados --herederos no encontrados o dueños no localizados-- se reinvertirán en el mismo monte.

"El monte de socios es indiviso y quienes tienen una parte alícuota pueden beneficiarse de ella para sacar leña, pastar el ganado etcétera y los beneficios de los no identificados volverán al monte", ha señalado, al tiempo que ha precisado que dentro de esta figura se encuentra 1,5 millones de hectáreas de superficie y tiene mucho interés, por ejemplo para revitalizar la economía en Teruel, Soria y Guadalajara entre otras zonas.

MENOS CATEGORÍAS DE MONTES

Por otro lado, la directora general ha añadido que la nueva Ley simplificará las categorías de montes ya que, en la actualidad un monte puede estar en dos categorías mientras con el nuevo tratamiento solo podrá estar en una de las cuatro.

En este sentido, ha precisado que se distinguirá entre montes públicos o privados, según su titular. Dentro de los públicos, habrá montes 'demaniales' (que tienen algún tipo de singularidad, como los de utilidad pública) y los 'patrimoniales', que pertenecen a la administración.

Entre los privados habrá montes 'protectores', que cumplen alguna función que lleva a la administración a clasificarlo. Nieto ha apuntado que en esta categoría estarán montes privados situados en cabeceras de las cuencas, que por su interés para asegurar la calidad y cantidad de las aguas tiene que tener unas limitaciones de usos, aunque se de participación a su propietario. La otra figura entre los montes privados sería los 'particulares' que no tienen ninguna característica especial y que pueden ser gestionados o no.

LA CAZA DENTRO DE LOS MONTES

En definitiva, ha reiterado que el objetivo es conectar al monte como una fuente de recursos medioambientales y económicos. Asimismo, ha apuntado que la reforma de la Ley de Montes introduce algunos aspectos cinegéticos como la Estrategia Nacional de la Caza que para "mejorar la coordinación", por ejemplo en materia de vedas o de reconocimiento mutuo de licencias de caza.

El motivo de incluir esta cuestión en la Ley de Montes, según ha indicado, es que "esta era la primera ley tramitada donde se podía incluir y que permite completar la forma de considerar los montes como un todo, ya que la caza es una fuente de actividad económica importante.

Sobre este aspecto, ha anunciado que también se va a crear un registro de infractores de caza común para todas las comunidades autónomas que se está poniendo en marcha con distintas aplicaciones informáticas y que queda recogido en esta ley porque todos los aprovechamientos del monte siempre estaban en ella. "Necesitábamos una reserva de ley porque para poder en la práctica llevar a efecto el reconocimiento público de licencias y tendíamos que crear un registro único de infractores", ha subrayado.

Finalmente, ha garantizado que la norma, que se presentará al Consejo de Ministros después de las vacaciones de verano, "no cambia nada ni hace modificación alguna, ni introduce ningún artículo" respecto a la posibilidad de poder vender montes públicos. En todo caso, ha dicho que esto sería competencia de las comunidades autónomas y que antes de llegar a esa posibilidad se tendría que acometer el proceso de descatalogar un monte como público.