La Ley de Contaminación supera su 'examen' del Congreso y pasa al Senado

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ley por la que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011 ha superado su 'examen' en el Congreso de los Diputados y pasa a tramitarse al Senado, con los votos a favor de PP, UPyD y UPN. El resto de grupos parlamentarios se han abstenido en la votación, como ya adelantó Europa Press.

Los grupos de la oposición han criticado entre otros puntos que la modificación normativa que plantea el Gobierno realiza una "mala" trasposición europea, que además afecta a unas 6.100 empresas españolas y puede abrir la vía de la privatización en la inspección medioambiental.

De las 53 enmiendas parciales planteadas durante el paso de la ley por el Congreso, en fase de ponencia fueron aprobadas dos de la Izquierda Plural y una del PP, aparte de que han salido adelante ocho transaccionales de carácter técnico.

Según ha explicado el portavoz 'popular' en esta normativa, el diputado por Huesca Manuel Mora, las cerca de 40 aportaciones de la oposición que no han sido admitidas planteaban aspectos ya recogidos en el proyecto de ley o, bien, no encajaban con los requerimientos de la directiva europea que se traspone en esta normativa.

Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con una directiva europea que da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha. Por ello, el Gobierno ha decidido que este proyecto de ley cuente con el 'procedimiento de urgencia', de cara a cumplir los plazos comunitarios, y trasponer la directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales.

Desde el PNV, Joseba Agirretxea ha criticado que el PP no haya aceptado más enmiendas que ampliarían la exigencia de la normativa, así como la falta de explicación del grupo mayoritario para no aceptarlas. Mientras, Laia Ortiz, de ICV, ha resaltado que esta ley traspone una directiva europea a su juicio de forma "limitada", a pesar de que se trate de aspectos técnicos.

"El Gobierno relega el medio ambiente y también lleva a cabo los mínimos requisitos legales para cumplir la directiva. No es una ley exigente y que va al límite con la directiva. No es una ley ambiciosa, ni tampoco contempla partida presupuestaria", ha criticado.

Por su parte, Martí Barberá, de CiU, cree igualmente que el PP no ha sido muy flexible en la aprobación de enmiendas y ve que será difícil que las empresas españolas puedan adecuarse a la nueva directiva para enero del año que viene, como así establece esta normativa.

Mientras, Patricia Hernández, del PSOE, ha avisado de que España tendría que haber traspuesto la directiva en enero, y ahora el Ejecutivo ha decidido tramitarlo "con prisas y mal". Sobre el contenido de la normativa ha valorado la mayor exigencia sobre los gases contaminantes y ha señalado que faltan aspectos recogidos en la directiva.

SE REDUCE A 9 MESES EL PLAZO PARA AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Así, fue a finales de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que modifica la normativa de 2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y que reduce a 9 meses el plazo para otorgar o denegar la autorización ambiental correspondiente.

En concreto, la normativa ha sido sometida a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios, aparte de haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado.

Esta nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior, como refinerías, cementeras o siderúrgicas. Para alcanzar un "elevado nivel de protección del medio ambiente", se supedita además la puesta en marcha de estas a la obtención de un permiso escrito, la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Por otro lado, se suprime la necesidad de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.

La principal novedad derivada del nuevo marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles.

SE MANTIENEN ESTÁNDARES DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN

La norma no sólo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.

Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.

Entonces, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, pese a que la legislación es más exigente desde el punto de vista de la protección ambiental, se introducen mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las empresas.

Asimismo, aseguró que se trataba de una "política más atractiva y ambiciosa" mediante un tratamiento integrado de prevención y control de contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y la eficiencia energética.

"Es lo que se llama autorización medioambiental integrada", precisó la vicepresidenta, a la vez que añadió que el proyecto reduce el plazo para otorgar o denegar la correspondiente autorización a nueve meses.

MÁS EXIGENTE Y ÁGIL

Sáez de Santamaría agregó a su vez que esto permite una mayor simplificación administrativa porque se han reducido muchos trámites en el procedimiento, "sin merma de las garantías y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial".

Al mismo tiempo, añadió que incluye una legislación "más exigente" desde el punto de vista medioambiental mientras se introducen mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización.