Olaia Fernandez Davila Y Rosana Pérez, Diputadas Del BNG
Foto: CONGRESO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, y la diputada Rosana Pérez han presentado una proposición no de ley en el Congreso y una iniciativa parlamentaria para demandar al Gobierno que endurezca la legislación en materia de delito ecológico "con el fin de evitar que catástrofes como la del Prestige se puedan saldar sin indemnización económica alguna".

   Esta petición llega tras la sentencia, dada a conocer esta semana, que absuelve al capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos; y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors de los delitos contra el medio ambiente que se les imputaban.

   Por ello, el BNG lamenta que "un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la Justicia". Junto a esto, censura que "no hay castigo para los autores de la mayor marea negra ni hay responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y la Xunta".

   "Resulta que se recorre el camino a la inversa, el Prestige no tiene coste alguno, sale gratis, salvo para los gallegos", prosiguen en su argumentación las parlamentarias. Además, denuncian que "sus responsables quedan impunes" e "incluso permite al Gobierno vanagloriarse de una actuación cuestionada desde todos los ámbitos".

   Al respecto, las diputadas nacionalistas avisan de que la catástrofe del Prestige, que llenó de chapapote las costas gallegas, "demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo y la precariedad de medios para la lucha contra la contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los que más tráfico registra". "A pesar de la gravedad de los hechos, podríamos afirmar que nada se ha avanzado", han criticado Davila y Rosana Pérez.

TRANSFERENCIAS

   Asimismo, el Bloque pide al Ejecutivo central la transferencia a la Xunta de las competencias en materia de seguridad marítima, tanto en normativas como de ejecución, que incluyan el control y la inspección de barcos. Todo ello, con el objetivo de poder aplicar una política preventiva propia en relación al transporte de mercancías peligrosas.

   De este modo, reclama el traspaso al Gobierno gallego de las competencias en materias como salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación marina.

   Sobre esta cuestión, el BNG deja claro que esta petición de transferencias "no es fruto de un capricho, es producto de una mala experiencia, nefasta", en lo acontecido durante la crisis del Prestige.