Condena a siete "delincuentes comunes" a siete años y medio de prisión y multas millonarias
BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, Pedro Martín, ha absuelto a siete guardia civiles y a un policía nacional acusados de pertenecer desde 1999 a un grupo criminal que, entre otras acciones, robó un contenedor con cientos de kilos de cocaína del Puerto de Barcelona.
El juez no ve probado que los guardia civiles Miguel Ángel de la H., Cristóbal Lucas R., Jesús Javier M., así como los inspectores de la Policía Nacional Antonio J. y Carlos J. --este último ya había sido absuelto con anterioridad-- actuaran bajo la jefatura de Javier S., alias 'Trapero', y de los guardia civiles Antonio S., alias 'Tete', y Roberto de P., según detalla este lunes en la sentencia.
Sin embargo, Martín sí ha condenado a siete años y medio de cárcel y una multa de 13.600.000 euros por un delito contra la salud pública al grupo de "delincuentes comunes" integrado por Javier S., Daniel R., Antonio B., David B., Francisco C. y Cristian I., mientras que a Alberto S. le ha impuesto dos años y tres meses de prisión y 3.400.000 euros de multa.
Así lo ha decretado, pese a que el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo había pedido entre seis meses y 39 años de cárcel para los acusados --incluidos los guardia civiles y el policía nacional Antonio J. -- porque él sí ve probado "esta connnivencia" entre los miembros de las fuerzas de seguridad acusados y los traficantes para montar falsas redadas y operaciones antidroga con el fin de vender después el material.
Pero el juez cree que "no ha resultado fehacientemente probado" que, a finales de 2000, el inspector de la Policía Nacional Antonio J. participase en un viaje de algunos de los miembros de la banda a Marruecos para la fracasada misión de transportar a España 30 kilos de hachís.
Tampoco que entre 2001 y 2002 en Palau de Plegamans (Barcelona) la banda escenificase una falsa detención para apropiarse de 100 kilos de hachís de un narcotraficante al que no pagaron la mercancía, y en la que según la acusación habrían participado, entre otros, el cabecilla de la trama Javier S. y el miembro arrepentido Juan Pedro L.
Precisamente, Juan Pedro L. acusó durante el macrojuicio que se celebró de abril a junio en la Audiencia de Barcelona a Javier S. de ser el cabecilla de la trama en la que implicó también a policías.
El arrepentido había colaborado con la trama desde 1999 a 2002, pero no en el gran golpe del contenedor de droga del Puerto de Barcelona en 2005, porque estaba en la cárcel cumpliendo pena por la muerte de dos vigilantes de un furgón de Prosegur en Terrassa (Barcelona).
El juez tampoco cree que el guardia civil Fernando A., destinado en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comisaría de Barcelona alertase a Javier S. de que tenía el teléfono intervenido dentro de la investigación del robo del contenedor de cocaína, ni de que el también guardia civil Fernando G. avisase a su confidente Diego S. de que estaba siendo vigilado por la misma causa.
Martín sí ha confirmado el golpe de la madrugada del 24 de enero de 2005 cuando, gracias a la información facilitada por una persona no identificada relacionada con el Puerto de Barcelona, Javier S., Daniel R., Antonio B., David B. y Francisco C. entraron en el recinto portuario y forzaron un contenedor frigorífico que estaba vigilado porque se sabía que contenía cocaína.
Algunos de ellos se metieron en su interior, donde llenaron y entregaron a terceros al menos 200 kilos de cocaína "con la finalidad de obtener todos un sustancioso provecho económico comercializando dicha sustancia", según detalla la sentencia.
ABSUELTO UN PERIODISTA
El juez también ha absuelto al entonces periodista de 'El Mundo' Fernando G. de atribuir falsamente al Jefe de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona, el coronel Gómez Alarcón, haber alertado al supuesto confidente de la unidad, Manuel G., de que él y su familia podían correr peligro porque un grupo violento pretendía robarle la droga que tenía en su poder.
Tampoco ve probado que el periodista lograse que la mujer de Juan Pedro L. le entregase 5.000 euros mediante la promesa "que no pensaba cumplir y no cumplió" de ayudarla publicando algún artículo útil para probar que su marido no había intervenido en el asunto del furgón de Terrasa.