MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han alertado este miércoles de la inminente ejecución en Arabia Saudí de una ciudadana de Sri Lanka que ha sido condenada a muerte por un delito que supuestamente cometió cuando era menor de 18 años de edad, lo cual contravendría la Convención de los Derechos del Niño, de la que Riad forma parte.
En un comunicado, Amnistía ha informado de que Rizana Nafeek, trabajadora doméstica, se encuentra encarcelada en la prisión saudí de Dawadmi (al oeste de la capital, Riad) desde 2005 por la muerte de un niño que estaba a su cargo. Ella alega que solo tenía 17 años en aquella época.
"Sería indignante que se ejecutara a Rizana Nafeek por ello", ha declarado el director para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther. "Todo apunta a que era una niña" cuando ocurrieron los hechos, y "existen verdaderas dudas sobre la fiabilidad de su proceso", ha añadido.
"En su calidad de Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, Arabia Saudí tiene prohibida la imposición de la pena de muerte contra las personas que fuesen menores de 18 años en el momento de cometerse el delito por el que hayan sido condenadas", ha advertido la organización.
"El rey saudí y el ministro del Interior deben cancelar inmediatamente las órdenes de ejecución contra Rizana Nafeek", ha declarado la investigadora sobre derechos de las mujeres de Human Rights Watch, Nisha Varia. "Las autoridades saudíes deben reunirse con los familiares del niño y con las autoridades de Sri Lanka para garantizar que no se volverá a plantear la pena de muerte" por este caso, ha añadido.
Nafeek fue condenada a muerte el 16 de junio de 2007 por un tribunal de Dawadmi. Aunque el pasaporte utilizado por la mujer para entrar en mayo de 2005 indicaba que su fecha de nacimiento era febrero de 1982, su certificado de nacimiento demuestra que realmente nació seis años más tarde, por lo que tenía 17 años cuando se produjo la muerte del niño.
Según las informaciones en poder de AI, los jueces no le permitieron durante el juicio presentar su certificado de nacimiento ni otras evidencias sobre su edad. Aunque sí se le permitió presentar esta documentación en los posteriores procedimientos legales, los jueces no rectificaron su fallo inicial y se ampararon en los poderes discrecionales que les conceden las leyes saudíes para decidir si corresponde o no algún beneficio penal a los menores de edad.
El Tribunal Supremo de Riad confirmó la condena el 25 de octubre de 2010 y el caso ha sido remitido para su ratificación al Rey Abdulá. Fuentes gubernamentales citadas por HRW han indicado que el ministro del Interior, el príncipe Mohamed bin Nayef bin Abdulaziz, ya ha ordenado la ejecución de la mujer.
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, se dirigió el pasado 6 de enero al rey Abdulá para pedirle clemencia y un aplazamiento de la ejecución a la espera de un posible acuerdo entre la familia del niño y el comité saudí de reconciliación.
En función del llamado sistema de 'qisas' (represalia), los padres del bebé tienen derecho a perdonar a Nafeek o a pedir el pago de un 'dinero de sangre' como compensación. Recientes informaciones de los medios saudíes han dado a entender que la familia del niño fallecido se ha negado a perdonarla, por lo que su ejecución puede ser inminente, según Amnistía.
EL PROCESO
Según las informaciones de Amnistía y de HRW (procedentes de la Embajada de Sri Lanka y de otras fuentes), Rizana Nafeek no tuvo acceso a ningún abogado ni a un intérprete del tamil al árabe medianamente competente durante los interrogatorios de la fase de instrucción ni durante el juicio propiamente dicho.
En un primer interrogatorio, según AI, la joven confesó la muerte del niño, pero posteriormente se retractó alegando que había sido forzada a confesar después de sufrir una agresión física. Según ella, el pequeño murió accidentalmente por asfixia mientras bebía por una botella.
"Un número desproporcionado de ciudadanos extranjeros, sobre todo trabajadores emigrantes de los países del Sur, han sido ejecutados en Arabia Saudí en los últimos años", ha denunciado Amnistía Internacional.
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