BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que establece varios recortes en los sistemas educativo y universitario, según ha anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo.
Este anuncio llega un día después de que el Consejo de Garantías Estatutarias apreciase que parte del decreto educativo es inconstitucional y además invade parte de las competencias que tiene la Generalitat en la materia.
El dictamen considera contrarios a la Constitución dos apartados del decreto "en la medida que no cumplen el requisito constitucional de la urgencia": el que regula la dedicación de los profesores universitarios, y el que defiende crear alianzas internacionales de las universidades españolas.
El texto llega después de que la semana pasada el Consejo de Garantías, órgano consultivo que vela por que las leyes sean constitucionales y cumplan con el Estatut, también dictaminase que es inconstitucional el decreto del Gobierno sobre recortes en sanidad.
Sobre el decreto educativo, el organismo ve invasión de competencias en la regulación del régimen de dedicación del profesorado universitario, en la limitación de las becas y en la limitación de la jornada del profesorado docente: 25 horas semanales en Infantil y Primaria, 20 en el resto de etapas.
También vulnera las competencias de la Generalitat el cambio que establece el decreto a la hora de sustituir a docentes, ya que según el decreto un maestro o profesor sólo puede ser sustituido diez días después de la situación que da origen al interinaje.
En cuanto a universidades, también atenta contra las competencias catalanas un punto que modifica la Ley Orgánica de Universidades, y que establece que el Gobierno deberá determinar los requisitos para crear y mantener nuevos centros y estructuras de educación superior.
El dictamen fue aprobado por unaminidad y sin votos particulares, después de que se recurriera al decreto del ministro de Educación, José Ignacio Wert.