CiU y UPyD apoyan que los jueces den custodia compartida aunque el fiscal se oponga y PP apuesta por mediación familiar

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la Comisión de Igualdad de CiU y UPyD han valorado la sentencia del TC en materia de Custodia Compartida, que establece que el informe favorable del fiscal ya no será necesario para que los jueves puedan acordar guarda y custodia compartida sin acuerdo entre los padres, cuando uno de ellos lo solicita. Por su parte, desde el PP, la presidenta de dicha comisión, Carmen Quintanilla, muestra su "máximo respeto por la sentencia", a la vez que apuesta por la mediación familiar en estos casos.

En declaraciones a Europa Press, la nacionalista catalana Lourdes Ciuró celebra la sentencia del TC porque, según destaca, establece el principio de igualdad en este tipo de casos. Así, ha explicado que hasta ahora, era necesario el informe del Ministerio fiscal si se barajaba conceder la custodia compartida y, nunca cuando el juez estuviera decidiendo entre conceder la custodia sólo al padre o sólo a la madre.

"La sentencia es razonable y siempre hay que poner por encima de todo el interés del menor. Entendemos que esta sentencia del TC es lógica porque hasta ahora la custodia compartida estaba en desventaja frente a los otros dos regímenes de custodia. Se ponían trabas a la custodia compartida", recalca.

Por ello, insiste en que esta sentencia, sin entrar a valorar la custodia compartida, aplica el principio de igualdad y de equidad en los casos de separación o divorcio y cuando hay pendiente la custodia de un menor por medio.

"ES UN PASO ADELANTE"

Mientras, desde UPyD, su portavoz en la Comisión de Igualdad, Toni Cantó, cree que "no tiene mucho recorrido" esta sentencia del TC porque los jueces siguen sin otorgarla casi porque no hay "ni ley, ni tampoco cultura para hacerlo".

Eso sí, reconoce que la sentencia es a su vez "un paso en la buena dirección" pero "insuficiente", que se verá complementado con la Ley de Custodia Compartida nacional, que UPyD ha promovido en varias iniciativas en el Congreso.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, y diputada del PP, Carmen Quintanilla, ha mostrado su "máximo respeto" por esta sentencia del TC, al tratarse de una decisión del Alto Tribunal, según especifica, si bien apuesta por fomentar las políticas en favor de la mediación familiar.

En declaraciones a Europa Press, la 'popular' explica que es necesario en un proceso de separación y divorcio, cuando hay niños de por medio, que exista el acuerdo entre los progenitores porque los menores "necesitan a su padre y a su madre, máximos referentes en sus vidas".

Por ello, defiende que hay que intentar "por todos los medios" que cuando haya una sentencia en favor de la custodia compartida se dé ese acuerdo entre ambos padres, y los niños "nunca sean utilizados por ambos cónyuges".

UN PROYECTO LEGISLATIVO EN MARCHA

Precisamente, el Gobierno está trabajando en la elaboración de una Ley nacional de Custodia Compartida que, según se comprometió el titular de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en el Congreso de los Diputados será presentada en Consejo de Ministros antes de finales de 2012.

En esta futura normativa, el Ejecutivo defiende que quiere ofrecer a la sociedad mejoras legislativas con respecto a las relaciones familiares en casos de crisis.

Así, señala que cuando se produce el divorcio o la separación, quiere impulsar la custodia compartida de los menores, para que ésta deje de ser, como hasta ahora, la excepción, y pase a ser más bien la regla general, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de UPyD, Toni Cantó, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Es decir, el Gobierno quiere que el modelo preferente en casos de separación o divorcio sea la custodia compartida, y donde siempre se prime el interés del menor, el cual debería ser tenido en cuenta de manera particular en cada caso.

"Se entiende que es difícil establecer un modelo único o preferente para el ejercicio de las responsabilidades parentales tras la ruptura del vínculo matrimonial. Para ello se está trabajando ya en una reforma del artículo 92 del Código Civil, en la que el juez asumirá un importante papel en la fijación del régimen más adecuado a los intereses del menor", añade el Ejecutivo.

De hecho, en el Pleno del Congreso del pasado 19 de junio se acordó una moción, consecuencia de interpelación urgente, a instancias de UPyD, en la que se instaba al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses, y sin perjuicio de las especialidades correspondientes en las comunidades en las que exista un Derecho Civil Foral propio, se desarrolle esta regulación legal.

RÉGIMEN MONOPARENTAL, EL MÁS FRECUENTE

En la actualidad, el juez adopta la custodia compartida si la piden los padres y entiende que es lo mejor para el menor. Eso sí, el Gobierno pone de relieve que el supuesto más frecuente en la custodia es el monoparental, aquel en el que la custodia se concede directamente a uno de los progenitores, por lo general la madre, sin que se valore suficientemente que el menor quiera seguir relacionándose con los dos progenitores, alternando, por ejemplo, periodos de convivencia con uno y otro.

"Se trata de flexibilizar el sistema, de tal manera que el juez pueda decidir lo mejor para el menor, y se acuerde una custodia compartida, en la que, sin duda, tendrá una gran importancia el 'plan de vida' que regule las relaciones parentales, con referencia a aspectos como la forma de compartir decisiones en el régimen de convivencia, en la educación o en la salud de los hijos", insiste el Ejecutivo.

EL PSOE, A FAVOR DEL INFORME

Por su parte, Carmen Montón, del PSOE, defiende que la existencia de un informe del fiscal para conceder la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio es siempre favorable.

A su juicio, este informe representa "una garantía más" para proteger a los menores. Eso sí, resalta que lo deseable es que las custodias compartidas sean por acuerdo, "que es cuando realmente funcionan". Por ello insiste en que cuando no hay acuerdo es fundamental la figura del fiscal para velar por el interés del menor.