La "confusa redacción" de la nueva ley de RTVE cuestiona su aplicación, avisan los letrados del Congreso

"No parece posible pretender aplicar el nuevo régimen antes de que el mismo haya sido fijado en su totalidad", apuntan

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los letrados del Congreso han denunciado este martes la "confusa redacción" de la nueva ley de RTVE aprobada el pasado mes de septiembre y han avisado de que, en tanto en cuanto no se diseñe el concurso público previsto para seleccionar candidatos al Consejo de RTVE, la aplicación de los cambios del sistema de elección queda en el aire.

A petición de los grupos parlamentarios, los letrados de la Cámara Baja han elaborado un informe sobre esta norma para confirmar que el plazo legal para consensuar las bases del concurso público de renovación del Consejo de RTVE termina el 31 de diciembre (a los tres meses de la aprobación de la ley) y que, en el caso de no haber acuerdo, se debe volver a lo estipulado en la normativa anterior.

Esto último es lo que determina la disposición segunda de la nueva ley de RTVE, según han explicado hasta ahora las formaciones políticas, que interpretan que, a falta de concurso público, se habilitaría a los partidos a proponer directamente a los candidatos, siguiendo la fórmula tradicional.

¿VOLVER A LA LEY DEL PP DE 2012?

Sin embargo, en el informe recogido por Europa Press los letrados señalan ahora que "la confusa redacción" de este apartado, que remite al "procedimiento vigente", hace que sea necesaria una "labor de interpretación previa".

A juicio de los letrados el término "procedimiento vigente", incluido en el texto a través de una enmienda en el Senado, es "ambiguo", por no quedar claro "si se refiere al procedimiento vigente en el momento actual o al existente en el momento de la aprobación de la nueva ley, pero previo a su entrada en vigor", es decir, el texto de 2012 que el PP impuso con su mayoría absoluta.

Aún así, indican que cuando se establecen este tipo de redacciones, "sólo tiene sentido si se refiere al procedimiento anterior". "No en vano, si de lo que se trataba era de aplicar el nuevo sistema de elección, no habría sido preciso recurrir a una disposición transitoria y, en todo caso, no parece posible pretender aplicar el nuevo régimen antes de que el mismo haya sido fijado en su totalidad", apuntan.

Para los letrados, si el legislador hubiera querido vincular el nuevo sistema de elección al hecho de que el mismo fuera desarrollado normativamente en un plazo concreto, lo tendría que haber previsto de
forma expresa. "Y no solo no lo ha hecho, sino que, en cambio, ha contemplado, siquiera de manera implícita, la posibilidad de que se supere el plazo establecido", apunta el informe.

Así, la disposición en la que se habla de regresar al "procedimiento vigente" prevé, precisamente, "en garantía de la seguridad jurídica y para evitar vacíos normativos", un mecanismo que permite resolver los problemas que pudieran derivarse de la eventualidad de que no se aprobara en plazo la normativa del concurso público, determinan los letrados.

Abundando en esa "confusa redacción" denunciada, los servicios jurídicos indican también que de la nueva ley de RTVE se derivan "varios regímenes jurídicos distintos para la elección del Consejo" --la reforma del PP de 2012, la que se aprobó en septiembre y el régimen transitorio--, cada uno de los cuales es "autónomo y aplicable en supuestos concretos".

ABRE LA PUERTA A APROBAR EL CONCURSO MÁS ADELANTE

Del mismo modo, señalan que, en caso de que esa normativa del concurso no se apruebe antes del 31 de diciembre, se aplicará el régimen transitorio y durante ese tiempo se aplicaría el sistema anterior a su entrada en vigor para la cobertura de las vacantes que pudieran producirse.

"Una vez esta normativa sea aprobada, la citada Ley podrá desplegar todos sus efectos y se podrá proceder, conforme al nuevo procedimiento y en los términos de la disposición transitoria primera, a la elección de un nuevo Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente", concluye.

Es decir, los letrados entiende que si el concurso no se aprueba antes del 31 de diciembre, la puerta seguirá abierta a aprobarlo más adelante, lo que en principio descartaban el PP y el PSOE, que interpretan el plazo como un ultimátum.

De hecho, desde Ciudadanos entienden que los servicios jurídicos del Congreso están dando tiempo a la negociación del concurso público y que ofrecen un plazo "flexible" para aprobar su diseño y ponerlo en práctica.