MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha denunciado que, desde la llegada del Mariano Rajoy al Gobierno hace un año, se ha producido una "demolición controlada" de la Ley de Dependencia, mediante su modificación "a través de reales decretos".
Así, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que esta "demolición" ha supuesto un "atentado" contra las personas dependientes, sus familias, los profesionales, las empresas del sector y las administraciones autonómicas.
A su juicio, también ha acarreado un "destrozo" en la política social de España, que ha provocado "una involución a lo que sería la antigua beneficencia". "Este retroceso de derechos demuestra que este Gobierno ha tomado las medidas más desalmadas y crueles con las personas más vulnerables y a la vez que ha tomado unas medidas absolutamente antieconómicas", ha aseverado.
En concreto, Ramírez ha señalado que el Ejecutivo ha recortado casi 1.000 millones de euros a través de diversas decisiones como el recorte del nivel conveniado, la retroactividad o el recorte de un 15 por ciento a los cuidadores familiares; así como al no pagar la seguridad social de esos cuidadores y al retrasar dos años la atención de estas personas en situación de dependencia, una medida que ha calificado como la más "desalmada".
"239.000 DEPENDIENTES MORIRÁN SIN HABER RECIBIDO NINGUNA ATENCIÓN"
Estas medidas van a conseguir, en su opinión, que "decenas de miles de dependientes" mueran sin ninguna atención. "Si tenemos en cuenta que un 80 por ciento de las personas dependientes son mayores de 65 años y que un 54 por ciento son mayores de 80 años y la esperanza de vida de un dependiente de más de 80 años no supera los cuatro o cinco años de vida, significa que, más de la mitad de los 239.000 dependientes que hay, morirán sin haber recibido ninguna atención", ha explicado.
De esta forma, según ha advertido Ramírez, se ha producido una "derogación encubierta" de la Ley de Dependencia y se ha conseguido que en España haya un "derecho efímero". Este hecho, de acuerdo con él, se empieza a notar en las estadísticas mensuales, ya que, "prácticamente" desde septiembre "no se mantiene ni siquiera la tasa de reposición" y no se atiende a las personas que están en lista de espera a través de los servicios y prestaciones que dejan vacantes aquellos dependientes que han fallecido.
Ante esta situación, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha concluido que solo cabe la continuación de la demolición "cruel y calculada" de la ley o la dimisión de la "máxima responsable ministerial", la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato.