Fiscalía alerta de la "escasa" implantación del Protocolo forense de valoración urgente del riesgo de violencia machista

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado alerta de la "escasa" implantación del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, pese a considerarlo una herramienta "gran utilidad para valorar el riesgo objetivo".

En 2014 se han emitido un total de 325 informes siguiendo este protocolo, que, en relación al las 33.167 solicitudes de órdenes de protección tramitadas en los juzgados en todo el territorio nacional, la proporción es del 1,05 por ciento, según los datos del Ministerio de Justicia.

"Debemos concluir que subsiste la necesidad de incrementar el esfuerzo desde la Administración para dar a conocer el Protocolo entre los órganos judiciales y los propios médicos forenses", señalan los fiscales en su Memoria 2014, presentada este martes con motivo de la Apertura del año judicial.

El Protocolo fue concebido en 2011 por Justicia con un objetivo inminentemente operativo, que respondiera a la inmediatez procesal en los que se enmarcan gran parte de los temas relativos a la violencia machista en el ámbito judicial, especialmente de los dirigidos a la protección de las mujeres que la sufren.

En relación a las comunidades autónomas a las que no han sido transferidas las competencias, en 2014 se emitieron 349 informes siguiendo el protocolo, tres menos que en 2013 y 17 menos que en 2012.

En concreto, en Castilla y León se han emitido 78 --33 menos que en 2013 y 64 menos que en el 2012--, en Extremadura 146 --8 menos que el año anterior-- y en Islas Baleares 13 --32 menos que en 2013--. Sin embargo, se ha registrado un incremento en Castilla y la Mancha --9 más-- y en Murcia --46 más--.

La Fiscalía advierte también en su Memoria de la "importancia" de las Unidades de valoración forense integral, que radica en la posibilidad de contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que las componen --médico forense, psicólogo y trabajador social-- en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género en que se precisen.

"Lo deseable es la existencia de estas unidades en cada una de las demarcaciones judiciales. No se ha conseguido esta pretensión, siendo el panorama actual, en cuanto a su existencia, semejante al del año anterior", añaden los fiscales.