CAMOTÁN (GUATEMALA), 8 (De la enviada especial de Europa Press, Laura Ramírez)
La Justicia de Guatemala ha rechazado los recursos de amparo presentados por varios ministerios del Estado en el caso de los niños de Camotán, cinco menores con desnutrición que denunciaron al Estado de Guatemala por vulnerar su derecho a la alimentación. La Corte de Constitucionalidad ha dado la razón en las últimas semanas a dos de estos menores.
Las familias demandaron al Estado en 2011 por iniciativa de un colectivo formado por 14 organizaciones que querían demostrar que se podía demandar al Estado por vulnerar el derecho a la alimentación, a la vivienda y a la educación. Para ello, propusieron a las familias de la zona de Camotán que sus propios hijos interpusieran una denuncia contra el Estado de Guatemala. La asociación Nuevo Día ha sido la encargada de hacer el seguimiento de los procesos.
"Hay un Estado que no genera las condiciones para sacar adelante a los hijos. Hasta el final del proceso se insistió en que las familias eran las culpables, que eran unos haraganes, que trabajaban solo en determinadas épocas, muchos mitos. Había mucha crítica hacia estas personas cuando estaban demandando al Estado, sin embargo no es un problema de cuatro familias de la región, estamos hablando de más de la mitad del país que vive en extrema pobreza", explican desde la asociación.
Cuatro madres, entre ellas las de Leonel y Maribita, aceptaron y aseguran que lo hicieron porque sus hijos estaban desnutridos, incluso alguno de ellos a punto de morir de hambre, pero también por ese 50 por ciento de niños guatemaltecos que hoy en día sufren desnutrición crónica.
Uno de los niños denunciantes, Leonel, que ya es un adolescente, dice estar contento por la sentencia en firme del juez y espera que a partir de ahora su situación mejore y, sobre todo, que el Gobierno le asegure una vivienda. "No me acuerdo de cuando comenzó el proceso", indica, al tiempo que dice estar ya "aburrido porque no quieren cumplir",
Por su parte, la madre de Maribita, Sebastiana, que tiene 42 años y 13 hijos, explica que ellos aceptaron denunciar al Estado a pesar de las consecuencias que conllevó pues las familias de estos niños eran discriminadas continuamente incluso por sus propios vecinos de la comunidad ya que el Gobierno les castigaba sin medicamentos y otros recursos básicos por haber demandado al Estado.
"Me animé porque nos vinieron a buscar. Mis vecinas no lo entendían, decían que solo estaba consiguiendo alimentos para mí, pero siempre seguí en la lucha. Además, no fue por eso, porque mi lucha no es solo para mí, también para ellos", explica Sebastiana antes de comenzar a cocinar y amasar tortillas, mientras sus hijos más pequeños corren descalzos por la entrada de una casa ubicada en mitad de la montaña, sin las condiciones básicas de luz e higiene.
SACOS DE COMIDA
Sin embargo, el Estado defiende que sí ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación e incluso cuestiona que la situación de estas cuatro familias sea la peor dentro de la comunidad. Así lo asegura el delegado departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), que coordina el viceministerio de seguridad alimentaria y la entrega de alimentos, Abelardo Villafuerte, que este viernes fue a repartir una veintena de sacos de comida para las familias, una ayuda que, según apunta, entregan cada mes.
"Es un caso en toda Latinoamérica, esto no había ocurrido en ningún país. Le puedo asegurar que dentro de las cuatro familias, hay algunas como la de doña Sebastiana que tiene manzana y media de riego. Creo que hay otras familias que tienen muchas más necesidades. El problema también es la mucha paridera de hijos, hay familias que tienen 19 ó 24 hijos, entonces tampoco es justo que alguien se ponga a parir si no tiene cómo mantenerlos, es falta de educación", asegura.
Villafuerte afirma que ya han realizado un total de seis entregas de alimentos y que en Chiquimula están atendiendo a 39.500 personas. En cada saco, el Estado proporciona un quintal de maíz, 30 libras de frijol y 17 de harina, una cantidad que el Gobierno calcula suficiente para un mes. "Según la FAO la cantidad de alimentos que una familia de 5 miembros necesita son 35 quintales de maiz y de 6 a 7 quintales de frijol. Esto se ajusta a las raciones que nosotros damos con el Ministerio de Agricultura", puntualiza.
Así, aunque admite que no llegan al 100% de las familias, considera que con estas ayudas han reducido el índice de desnutrición. Concretamente, ha señalado que en 2015 han muerto por desnutrición tres niños frente a los 15 casos del año pasado. Además, en Chiquimula, según precisa, tienen en estos momentos 888 casos declarados con desnutrición. "No maquillamos las estadísticas", añade.
No obstante, la integrante de la campaña 'Guatemala sin hambre', y de la Asociación Guillermo Toriello --a la que apoya la ONG española Manos Unidas--, Magalí Cano, pide no dejarse engañar por el Gobierno y cita el Informe alternativo del derecho a la alimentación en Guatemala que recoge 116 casos de niños fallecidos por desnutrición en 2013. "Pedimos que se repare el daño y un protocolo de actuación por el derecho a la alimentación que manejen todas las instituciones del Estado --que este lunes prevén que sea aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional--. Será un gran avance", subraya.
72% DE DESNUTRICIÓN EN ZONA CHORTÍ
El director médico del dispensario Bethania, coordinado por la Asociación Santiago Jocotán, a la que apoya Manos Unidas, Carlos Arriola, fue el encargado de realizar el informe sobre desnutrición que se presentó como prueba en la demanda contra el Estado. "Hace seis años atendíamos a 400 niños al año en el centro por desnutrición y ahora a entre 25 y 30 niños. Pero esto no significa que la situación haya mejorado sino que por el contrario, debido a la pérdida de las cosechas (provocada por tres años de sequía), la desnutrición ha crecido y el último dato arrojó un 72 por ciento de desnutrición en la zona chortí", puntualiza Arriola.
Según explica, esta disminución en el número de pacientes infantiles por desnutrición severa no se debe a que el índice haya decrecido sino al temor de los padres a perder las ayudas del Estado. "Hace dos años, el Gobierno implementó un programa de bolsas de alimentos y empezaron a decir a las personas que si acudían a un centro contra la desnutrición, les quitaban esa bolsa", explica.
En estos momentos, en el centro Bethania el doctor atiende a dos niños, un niño de tres años y una joven de 15 años. El más pequeño, Darwin, que lleva tres semanas ingresado, llegó como un caso "marasmático" --enojado, que rechaza la vida--. A pesar de su corta edad, su dieta, según cuenta el médico, se componía de café -muy perjudicial para la absorción de calcio--, limón, sal y tortillas de maíz.
"Darwin va a vivir, va a caminar, va a jugar, va a ser aparentemente un niño normal, la secuela va a ser el desarrollo de su cabecita, el desarrollo cerebral porque los primeros tres años son vitales para el desarrollo psicomotor del niño. No va a llegar a la escuela y si llega pasará los primeros años y los maestros le promoverán con tal de quitárselo de su camino", lamenta, al tiempo que advierte de la proyección de este ciclo generación tras generación.
Para evitar que esta situación se perpetúe, un grupo de educadores del dispensario acuden todos los días a diferentes comunidades para impartir talleres de higiene y de cocina, para enseñar a las madres a elaborar recetas nutricionales con los alimentos que tienen en sus propios huertos. Además, esas mujeres tendrán que impartir este taller a otras en su misma situación para así intentar romper el círculo de la desnutrición.