PGE.- La mayoría de la oposición en el Congreso dice que el recorte en educación "atenta" contra la calidad

Actualizado: miércoles, 18 abril 2012 22:16

La secretaria de Estado de Educación dice que todavía no hay una decisión sobre el aumento de las tasas universitarias

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSOE, Izquierda Plural y Mixto han criticado la reducción de 680 millones de euros del presupuesto del Gobierno en materia educativa para 2012 y coinciden en que "atenta" contra la calidad de la enseñanza, durante la Comisión de Educación y Deporte, en la que altos cargos del Ministerio de Educación han explicado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El portavoz del PSOE en la Comisión de Educación y Deporte, el ex secretario de Estado de Educación Mario Bedera, ha denunciado que con los presupuestos y el recorte adicional de 3.000 millones de euros, el Gobierno deja al sistema educativo "herido de muerte". A su juicio, el Ejecutivo ha hecho una "autoenmienda a la totalidad" de sus propios presupuestos. "Ya se ha llegado al hueso del jamón. No se puede recortar más", ha añadido.

Para el diputado socialista, estos ajustes constituyen "un drama en tres actos", que "empezó" el 30 de diciembre con el cuerdo de no disponibilidad que suponía un ajuste de 487 millones, "continuó" con los 680 millones de euros menos en los PGE y "termina" con los 3.000 millones de recorte adicional anunciado seis días después de llevar a la Cámara baja las previsiones presupuestarias para 2012.

Bedera ha criticado las reducciones presupuestarias relacionadas con las transferencias a comunidades autónomas y que se hayan eliminado diez de los diecisiete programas de cooperación territorial que "fueron acordados con todas". También ha mostrado su rechazo a la reducción de "166 millones" en becas y el "hachazo terrorífico" a la formación de profesorado, entre otras partidas.

Este portavoz y la de izquierda Plural, Caridad García, han coincidido en reprochar a la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, una de las medidas del Ministerio de Educación planteadas este lunes a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, para el ahorro de 3.000 millones, referida al aplazamiento de los módulos de FP de 2.000 horas por el "grave perjuicio" que ocasiona a los editores de libros de texto que, según han denunciado, alcanza los 15 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que el conjunto de medidas anunciadas por el departamento que dirige José Ignacio Wert "ha revolucionado" a la comunidad educativa porque "atenta directamente" contra la educación pública y la calidad. García ha centrado sus críticas en el recorte en becas, la supresión de 'Escuela 2.0' y el Plan Educa3, de construcción de escuelas de primer ciclo de educación Infantil. "A ustedes no les importa que las familias no tengan plaza en guarderías públicas, ni que las mujeres puedan conciliar", ha reprochado a Gomendio.

El diputado del Grupo Mixto Pedro Quevedo ha indicado que si bien entiende las "dificultades" por las que actualmente pasa el Estado, la reducción de 3.000 millones en educación "atenta contra un servicio público de primer orden". A su entender, el Gobierno debe "reconsiderar" esta decisión porque, según ha dicho, es "imposible" ser competitivos mientras se "debilita" la educación y la innovación.

El portavoz de CiU, Martí Barberá, se he referido principalmente al ahorro de los 3.000 millones más que a los PGE y ha avisado a la secretaria de Estado de que su grupo está esperando a conocer el contenido del decreto ley, que incluye, entre otras medidas, el aumento de alumnos por clase o las horas lectivas del profesorado, porque pueden "invadir" competencias autonómicas.

"LOS PRESUPUESTOS NO HAN SIDO UNA OPCIÓN"

La secretaria de Estado de Educación ha insistido en que el ajuste de los presupuestos no ha sido una "opción" para el Gobierno, sino la "única alternativa posible" en la coyuntura de crisis económica actual con la que el Ejecutivo "se ha encontrado". Por ello, ha explicado que su departamento ha "priorizado" una serie de partidas que consideran necesarias para lograr los objetivos educativos.

En respuesta a las preguntas de los diputados sobre un posible aumento de las tasas universitarias, Gomendio ha señalado que las medidas para ahorrar 3.000 millones de euros son "totalmente independientes" a los PGE. "Las negociaciones están en marcha y no les puedo dar ninguna respuesta definitiva por respeto a las personas que van a formar parte de las negociaciones y por desconocer cuál va a ser el resultado final", ha asegurado de cara la Conferencia General de Política Universitaria que se celebra este jueves.

Sobre los presupuestos, ha defendido que se mantiene la partida de becas y ayudas al estudio de carácter general --507,4 para universitarios y 405,4 para no universitarios--. "No se ha modificado nada en este sentido", ha aseverado, para añadir que lo que sí se ha reducido son las ayudas al aprendizaje de lengua inglesa (un 39%) en Australia o Estados Unidos en favor de destinos más cercanos y cursos en territorio nacional.

INFORME SOBRE ESCUELA 2.0 QUE NO SE HIZO PÚBLICO

De los 17 programas de cooperación territorial, ha vuelto a explicar que se han quedado en seis y se ha cambiado el de 'Escuela 2.0' por otro sobre TIC. No obstante, ha recordado al diputado socialista que la mayoría de los programas eliminados contaban con menos de un millón de euros para todas las comunidades autónomas y que, el año pasado, no se cofinanciaron, por lo que, "no tuvieron prácticamente incidencia".

Respecto a Escuela 2.0, Gomendio ha criticado que se basara en el reparto de portátiles de baja calidad, sin una política clara de contenidos, formación de profesorado y ha advertido de que en un informe de evaluación de diagnóstico, que no hizo público el anterior Ejecutivo, se demostró que los alumnos que con portátiles tenían un rendimiento menor.

La secretaria de Estado ha defendido la eliminación del Plan Educa3 y ha señalado que no se trata de una etapa educativa, sino "voluntaria y asistencial", basada sólo en la creación de centros, pero con un alto coste para las comunidades autónomas, que tenían que contratar personal cualificado y comprar el mobiliario. Así, ha precisado que se trataba de un programa con "dificultades" porque de los 100 millones destinados por el Estado en 2011 sólo se ejecutaron 70.