MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
PP y CiU han llegado a un acuerdo en el Congreso para instar al Gobierno a que prohíba expresamente la ocupación temporal del arcén de la vía o sus inmediaciones para ejercer la prostitución cuando esta conducta pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
La iniciativa, que ha sido propuesta por CiU en la Comisión sobre seguridad Vial y Movilidad Sostenible, ha contado con el apoyo del PP, que ha transaccionado una enmienda a la Proposición no de Ley presentada por el grupo catalán. En un primer momento, CiU había propuesto que esta prohibición se incluyera en la Ley de Tráfico, pero finalmente ambos grupos han dejado al Gobierno la decisión de cómo concretar la propuesta.
De acuerdo al texto aprobado por el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, el parlamento insta al Ejecutivo a incluir dentro del ordenamiento jurídico "la tipificación expresa como infracción del ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios de naturaleza sexual retribuidas en zonas de tránsito público cuando estas conductas, atendiendo al lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial".
Según señala CiU, lleva esta iniciativa al Congreso ante el incremento de prestaciones de servicios sexuales retribuidos que se ha producido en los últimos años y en determinadas carreteras. A su juicio, este hecho supone "un abuso" de los espacios de dominio público reservados a la circulación de vehículos y que conllevan un grave riesgo para la seguridad vial.
La formación nacionalista catalana remarca que se ha constatado que el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales en zonas de dominio viario, "comporta un grave riesgo a la seguridad vial", al poner en peligro la seguridad de los conductores y de las personas que ocupan temporalmente el arcén de la vía o sus inmediaciones.
En su opinión, un "claro ejemplo" es el suceso acontecido a finales de 2009, cuando una mujer que estaba en una carretera ofreciendo servicios sexuales fu arrollada por un vehículo, perdiendo la vida.
Por todo ello, CiU considera necesario regular la prohibición de aquellas prácticas relacionadas con la prestación de servicios sexuales en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de las carreteras, dada la afectación que tienen dichas conductas en la seguridad vial y el riesgo que generan.