Las denunciantes de malos tratos tendrán que pagar si se absuelve al acusado

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha rechazado las enmiendas propuestas, entre otros, por el Grupo Socialista, para modificar la previsión del proyecto de Estatuto de la Víctima del Delito que obligará a las mujeres que denuncien violencia de género a pagar las costas del procedimiento y devolver con un 50% de interés las ayudas que hayan recibido como víctimas si el denunciado finalmente sale absuelto.

La decisión ha sido respaldada con 23 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones en la Comisión de Justicia del Senado, donde este martes se ha aprobado el dictamen sobre esta iniciativa que llegará sin apenas modificaciones, --sólo se ha incorporado una enmienda y es de carácter técnico-- al Pleno de la Cámara Alta y, de allí, de nuevo al Congreso de los Diputados para finalizar su tramitación.

Pese a las demandas del Grupo Socialista, Entesa y CiU, el texto mantiene la redacción inicial del artículo 35, según el cual, quien "se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en la Ley, vendrá obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administración por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los servicios prestados, con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un 50%".

"FALTA DE SENSIBILIDAD"

Esta previsión se aplicará tanto si la denunciante "fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito" como si "se dictare, con carácter firme, una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre en los que se declarase la inexistencia de los hechos denunciados", tal y como establece la redacción del proyecto de Ley.

Los citados grupos de la oposición pedían la supresión de este artículo por entender que dada la dificultad probatoria en delitos de violencia de género, que tienen lugar en la esfera privada, penalizar a la mujer si no consigue demostrar los hechos ante el juez puede disuadirla de acudir a la justicia aunque lo necesite.

En este sentido, el senador socialista Arcadio Díaz-Tejera ha denunciado ante la Comisión de Justicia la "escasa sensibilidad" del PP por oponerse a la retirada del artículo. "Sólo se trata de no cargar a las víctimas con otra cosa más, intimidarles o advertiles: ojo con denunciar porque si se le condena tendrá que devolver la ayuda con penalización", ha indicado.

Su compañera de grupo Ángeles Marra ha calificado como "fundamental" la supresión de esta medida ya que mantenerla, a su juicio, evidencia un "desconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las mujeres".

UN 7% DE SOBRESEIMIENTOS Y ABSOLUCIONES

La supresión del artículo 35 es una reivindicación de las asociaciones de mujeres desde que el Estatuto de la Víctima se presentó en forma de anteproyecto. Recuerdan que la mayor parte (80%) de las asesinadas cada año en delitos de violencia de género nunca habían denunciado su situación, y advierten de que aprobar medidas que puedan penalizarlas en caso de absolución o sobreseimiento libre sólo servirá para disuadirlas de pedir ayuda.

Según los últimos datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, en el tercer trimestre del año pasado se registraron 33.201 denuncias por violencia de género y en el 13,21% de los casos, las víctimas renunciaron a seguir adelante con el procedimiento.

En total, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a 4.716 personas en el mismo periodo, de las que 544 resultaron absueltas. De las sentencias dictadas, el 3,1% fueron absoluciones, el 3,5% sobreseimiento libre y el 37,2%, de sobreseimiento provisional.