Treinta entidades piden la dimisión de Puig por las cargas de Plaza CDataluña

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 entidades se han adherido a un manifiesto elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) en que piden la dimisión inmediata del consejero de Interior, Felip Puig, tras las cargas "desproporcionadas" de los Mossos d'Esquadra del viernes contra los indignados en plaza de Cataluña.

El manifiesto pide que, si Puig no dimite, sea cesado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y reclama prohibir el uso de pelotas de goma y retirar el nuevo armamento antidisturbios B&T GL-06 de los Mossos d'Esquadra que dispara unos proyectiles de espuma compacta con una alta precisión hasta a 100 metros.

En rueda de prensa, el presidente de la Favb, Jordi Bonet, ha tildado la actuación policial de "arbitraria, injusta e ilegítima", y ha asegurado que no vieron violencia entre los indignados, resaltando que no consta que ningún agente haya presentado denuncia contra ellos.

Ha advertido de que los propios miembros de la junta de la Favb vieron "situaciones realmente dantescas" con las cargas del viernes, lo que han querido escenificar con el relato de dos jóvenes que resultaron heridos.

El manifiesto también reclama que en los chalecos protectores de los agentes conste su identificación para no burlar la normativa de la propia Generalitat, puesto que las dificultades para identificarlos está motivando que denuncias de los heridos sean desestimadas.

En la línea de la queja que ha manifestado la síndica de Greuges de Barcelona, Assumpció Vilà, la federación vecinal también ha defendido que con la limpieza de la plaza fueron retirados elementos sin peligro, como ordenadores y pancartas, en lo que fue "una substracción de bienes de los acampados".

El manifiesto tiene el apoyo de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc) y lo suscriben, entre otros, el Consell d'Associacions de Barcelona; las federaciones vecinales de Montcada i Reixac, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa; el Observatorio del Sistema penal y los Derechos Humanos, CGT y la CUP.