BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los colegios y asociaciones profesionales de detectives privados han acusado al Ministerio del Interior de generar "malestar, incertidumbre y desprestigio del sector" con la nueva fase de la operación policial Pitiusa en pleno periodo de alegaciones al anteproyecto de la nueva ley de seguridad privada.
En un comunicado, los detectives lamentan la coincidencia con la nueva fase de Pitiusa -- en la que la Policía Nacional prevé detener a una treintena de personas entre detectives, funcionarios y empresarios en Barcelona, Madrid, Cantabria y Andalucía--, ya que se fijará la atención en esto y "no en las reclamaciones del sector hacia las alegaciones del anteproyecto".
"El periodo de alegaciones contempla 15 días y resulta curiosa la coincidencia en el tiempo de una operación tan compleja e importante justo ahora", indican los colegios y asociaciones, que concentran la actividad profesional de detectives privados a nivel nacional.
No obstante, puntualizan que no cuestionan "en ningún caso" la actuación policial ni los presuntos hechos constitutivos de delito que puedan resultar de las últimas actuaciones y recuerdan la colaboración que siempre han mantenido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según los colegios y asociaciones, la futura ley de seguridad privada "pone en peligro derechos fundamentales" porque deberán informar de sus investigaciones a la policía y porque los vigilantes de seguridad sin formación específica podrán acceder a tareas de investigación.
Por ello, creen que si la ley se aprueba "el derecho a la intimidad de las personas en su ámbito privado queda a merced del Gobierno", ya que considera que controlará todas sus investigaciones diluyendo el principio de confidencialidad.
PITIUSA
La Policía Nacional ha iniciado este miércoles la tercera fase de la operación contra una red dedicada a la compraventa de datos personales y empresariales en la que hay implicados detectives, funcionarios y empresarios en Barcelona y otros puntos de España, y se esperan una treintena de detenciones.
Según ha informado a Europa Press el cuerpo policial, la operación ha arrancado a primera hora de este miércoles en Barcelona, Madrid, Cantabria y Andalucía y se prevé que comporte entre 25 y 30 de detenciones en total, una veintena en la capital catalana.
En esta investigación, que coordina el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, hay implicados detectives, funcionarios públicos que les vendían información y empresarios que presuntamente cometieron prácticas fraudulentas para investigar a subordinados.