BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irun (Guipúzcoa), donde se produjo el "chivatazo" a ETA el 4 de mayo de 2006, falleció este pasado sábado en San Sebastián. Elosua, de 78 años de edad, padecía un delicado estado de salud, motivo por el que fue excarcelado tras ser arrestado en 2006 en el "caso Faisán", según recoge Naiz.info.
Elosua era el dueño del bar Faisán en el que unos desconocidos entregaron un teléfono móvil cuando se iba a desarrollar una operación policial. Los mandos policiales Enrique Pamiés y José María Ballesteros han sido condenados a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por revelación de secretos por estos hechos.
En el fallo de condena, la Audiencia Nacional considera que los dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán', que éstos actuaron "con el designio de no entorpecer la situación política abierta al diálogo" y para "acabar con la actividad de ETA".
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal enmarca el chivatazo en el proceso de negociación que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió con la banda terrorista a partir del 17 de mayo de 2005, cuando el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos del PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y el Grupo Mixto y el rechazo del PP, una iniciativa para que el Ejecutivo "dialogara con ETA" siempre que ésta dejara "plenamente las armas".
Tras recordar que la iniciativa se trasladó al Parlamento Europeo el 25 de octubre de 2006, la sentencia señala que fue en este contexto en el que se produjo el chivatazo, para lo cual se buscó a "una persona que no perteneciera a la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián, en referencia al inspector José María Ballesteros, para "ponerle en contacto" con el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua.
En el relato probado de hechos, el tribunal recoge que antes del soplo, Ballesteros se dirigió al domicilio de Elosua y preguntó a su mujer, Avelina Llanos, por el edificio Gaztelu-Tar en el que vivía la pareja. Al no encontrarle, se dirigió al 'Faisán' y telefoneó a Pamies, quien se presentó como policía y advirtió a Elosua de la existencia de la operación contra ETA.
La sentencia, que incluye una transcripción literal de esa conversación, recoge que Pamies trasladó al dueño del 'Faisán' que sabía que iba a entregar "nueve botellas de vino", alusión en clave a nueve botellas de vino, y que no hablara con nadie para "no fastidiar todo el proceso" y evitar que se armara "un zipizape". "Aquí hay gente que quiere que esto se rompa, ya sabes cuál es la situación actual", le dijo, según la resolución judicial.
Después del aviso, los magistrados señalan que Elosua se dirigió a una lonja de su propiedad en la que permaneció una media hora, aunque no apuntan que destruyera pruebas, como defendió el fiscal y el jefe del equipo investigador, Carlos Germán.
Tras telefonearle desde una cabina, concertó una cita con él en Bayona, hasta donde se dirigió en compañía de su yerno, Carmelo Luquin. Sin embargo, no fueron detenidos porque la juez antiterrorista francesa Laurence Levert aseguró que no tenía "elementos suficientes" para proceder a su detención.
LA COARTADA DEL CONFIDENTE, "POCO CREÍBLE"
Para llegar a estas conclusiones, el tribunal apela a las "reglas de la lógica" y valora el contenido de la grabación entre Elosua y Luquin en el que el primero advertía del soplo y el reconocimiento de Ballesteros de que estuvo en el 'Faisán', tal y como recogieron las cintas de videovigilancia de la policía.
Además, tiene en cuenta la existencia de una llamada entre el inspector y Pamies que se produjo a las 11.23 horas, de entre las 1.932 que se produjeron a la hora del soplo y las 63 que se investigaron por tener más de 4 minutos; y la presencia del primero en el entorno del domicilio de Elosua, tal y como registró una antena de telefonía móvil.
De igual modo, considera "debilitada, por no decir poco creíble", la explicación ofrecida por Pamies para justificar la presencia de Ballesteros en el 'Faisán', en referencia a la preparación de una cita que iba a mantener con un confidente de ETA llamado 'El Romano'.
Sin embargo, esta versión no fue ratificada en el juicio por el oficial de enlace entre la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y la Gendarmería francesa ni por el comisario francés Cristian Pommes.
En relación con las redes de telefonía francesas, que no fueron investigadas, la sentencia señala que este aspecto "no tiene mayor significación", al tiempo que apunta que la llamada del soplo no pudo realizarse con un teléfono satélite porque habría sido necesario que el usuario estuviera cerca de una ventana y desplegara una antena de gran tamaño.