El Gobierno no prevé modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos estatal por el alquiler vacacional

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no prevé una modificación de la actual Ley de Arrendamientos urbanos estatal, según ha trasladado el ministro de Energía Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a los representantes de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) en su primera reunión con este sector.

Nadal mantuvo este martes un encuentro con el presidente de Fetivur, Pablo Zubicaray; el representante de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur-Baleares) y el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Enrique Alcántara.

Tras su encuentro con Nadal, Fevitur se ha mostrado optimista y ha valorado positivamente en un comunicado que no se impongan nuevas restricciones a su industria mediante esta normativa.

Fevitur ha coincidido con el ministro en destacar la importancia de la fiscalidad dentro de las regulaciones del alquiler vacacional, así como los derechos de los consumidores y la seguridad ante un modelo alojativo al alza.

Ayer mismo la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, se ha comprometido ante la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada (Aptur-Balears) y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) a mediar en las regulaciones autonómicas del alquiler vacacional.

El Gobierno aboga por que sean transparentes y permitan una mayor seguridad para los propietarios, los usuarios y el resto de ciudadanos y que haya registros de usuarios a disposición de los controles policiales, obligación que ya existe en Cataluña y Comunidad Valenciana.

IMPACTO ECONÓMICO

Según un estudio realizado por Fevitur, en colaboración con otras entidades como ESADE, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza, el impacto económico de esta actividad alcanzó 5.300 millones de euros en 2015.

Estos datos corroboran que el alquiler vacacional es una opción de mercado transversal, escogida por el cliente final, que genera una economía de arrastre para otros sectores, donde el 65% del coste de la estancia se destina a ocio, comercio, restauración, transporte y cultura de proximidad.

Fevitur defiende que el alquiler vacacional, como innovación dentro del habitual modelo turístico, aporta competitividad frente a otros países y regiones, donde este tipo de alojamiento no se ofrece por razones de seguridad y/o de infraestructuras.

LA REGULACIÓN, EN MANOS DE LAS CC.AA.

En 2013 hubo una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que llevaba vigente desde el año 1964, y que permite una regulación sectorial en cada comunidad autónoma.

La citada modificación limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística de las CC.AA.

Ahora bien, en caso de no existir dicha normativa, a estos alojamientos se les aplicará el régimen de los arrendamientos de temporada, que se mantiene en la modificación de la LAU.

Las normativas vigentes en España para la oferta de alquiler de viviendas de uso turístico salvo en Baleares y Canarias y Cataluña son bastante dispares, aunque la mayoría coinciden en la inscripción de un registro, un teléfono 24 horas y la prohibición de alquilar habitaciones sueltas.

La mayoría de CCAA --Cataluña, Andalucía, Aragón y Canarias, entre ellas-- obliga a registrar o dar de alta los inmuebles en el organismo turístico competente o en uno específico creado para ellas, que implica cumplir una serie de requisitos y condiciones específicas por parte del propietario y tramitar una licencia que le permita destinar el inmueble a este fin.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha constituido un grupo de trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene este modelo para los Ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios, el alquiler de viviendas de uso turístico y los intereses afectados por esta actividad en el territorio.