HomeAway duda de las competencias del Estado para pedir datos de propietarios de pisos turísticos

Dice que la capacidad de las comunidades de vecinos de vetar pisos turísticos planteada en Madrid, ya está recogida en la Ley de Propiedad Horizontal

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

HomeAway ha mostrado sus dudas sobre las competencias del Estado para solicitar los datos personales de los usuarios y propietarios de la plataforma de alquiler vacacional, aludiendo a las normativas europeas en materia de protección de datos, aunque se ha mostrado abierta a colaborar con el Ministerio de Hacienda para "una mayor transparencia" a la hora de gestores o intermediarios y propietarios declaren su actividad.

El director de Comunicación de HomeAway, Joseba Cortázar, ha confirmado que el equipo legal de la plataforma analiza ya el borrador del decreto de Hacienda con el objetivo de establecer "hasta qué punto una Administración nacional tiene competencias para pedir datos de los usuarios" y establecer su posición antes de trasladarla a la Agencia Tributaria.

"HomeAway está abierta a colaborar con Hacienda en dar una mayor transparencia en lo que se refiere a la recaudación y que gestores y propietarios declaren su actividad, pero la duda es cómo hacerlo", ha añadido, para reiterar su "absoluta disposición" a colaborar con las administraciones competentes.

Cortázar ha reconocido que las plataformas se enfrentan a una serie de "limitaciones técnicas" a la hora de ofrecer informes "más detallados" de la actividad como planea la Agencia Tributaria, tras intervenir en la presentación en Madrid del IV Barómetro del Alquiler Vacacional en España, elaborado por HomeAway.

Hacienda ultima un decreto que obligaría a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, tales como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a identificar a los propietarios, así como a presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren "con más detalle" su actividad para evitar "fraudes fiscales".

Una vez finalice la fase de información pública del borrador del decreto, el próximo 21 de julio, se tendrá que aprobar el texto definitivo en el que pueden incluirse o no modificaciones por parte de los implicados.

De momento, los planes del Departamento que lidera Montoro pasan por identificar al titular de la vivienda alquilada con fines turísticos, así como al titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, cualquiera que sea el canal en el que se promocione o publicite el inmueble.

Cortázar ha lamentado que se esté criminalizando al sector del alquiler vacacional, que según los datos del último barómetro realizado por HomeAway indican un impacto económico de 13.944 millones de euros en dos años, y ha hecho hincapié a la aportación de este segmento al sector turístico.

EL VETO DE COMUNIDADES DE VECINOS, "NO ES NADA NUEVO".

Preguntado por la modificación del decreto para la regulación de las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid, aprobado en julio de 2014, con el fin de permitir a las comunidades de propietarios negarse a albergar viviendas de uso turístico si así consta en sus estatutos de forma expresa, Cortázar señala que no es "nada nuevo", pues ya la Ley de Propiedad Horizontal recoge la capacidad de las comunidades de vecinos.

"Hoy cualquier comunidad cuyos estatutos recojan expresamente que la actividad de uso turístico está prohibida, y de forma unánime, esa actividad no se puede realizar tiene esa capacidad", ha explicado.

No obstante, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha considerado que "en la mayoría de los casos" las comunidades de propietarios "verán frustrada su posibilidad" de crear una cláusula estatutaria" para no albergar viviendas de uso turístico.

A su juicio, la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan frenar el avance de las viviendas de uso turístico, si así lo estiman necesario, "queda reservado entonces para los edificios de nueva construcción.

De llegarse a acordar de manera unánime la prohibición del uso de pisos turísticos en los estatutos, el CAFMadrid recomienda inscribir este acuerdo en el Registro de la Propiedad para que sea oponible a futuros adquirientes de viviendas en dicha comunidad.