Los grupos del Senado piden la implantación de la 'quinta libertad' en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Senado han registrado este miércoles una declaración institucional en la que solicitan la aplicación de la 'quinta libertad' en Canarias al considerar que resultaría beneficiosa y permitiría convertir al archipiélago en plataforma logística y puente comercial entre Europa, África y América, aprovechando así la situación geográfica de las islas para enlazar y distribuir el tráfico aéreo entre los tres continentes.

La conocida como 'quinta libertad', que deben solicitar las aerolíneas, permite a una compañía realizar una ruta desde un país tercero fuera de la Unión Europea (UE), hacer escala en este caso en España para dejar y recoger pasajeros, y continuar su vuelo hacia otro país.

En el año 1944, a través del denominado Convenio sobre Aviación Civil o Convenio de Chicago, suscrito por 52 estados, se definió a nivel internacional una serie de derechos aeronáuticos o Libertades del Aire, relativos a la aviación comercial. En la actualidad se reconocen un total de nueve libertades, que se distribuyen en libertades técnicas, comerciales y otras.

La 'Quinta Libertad' es la que garantiza a las aerolíneas de un Estado con destino a otro territorio entrar en el espacio aéreo y realizar escalas en el aeropuerto de un tercero, con posibilidad de carga y descarga de pasajeros y mercancías, convirtiéndose éste en centro de operaciones de las compañías aéreas.

Estos privilegios, sujetos a acuerdos entre las naciones implicadas, se refieren tanto al tráfico de pasajeros como de correos y carga aérea, y suponen un gran interés geoestratégico, de conectividad y de desarrollo económico, en cuanto permiten la apertura de rutas internacionales y mercados comerciales.

EN VIGOR DESDE HACE DÉCADAS EN ESPAÑA.

En España, está implantada y en vigor desde hace décadas en aeropuertos como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y los grupos del Senado solicitan que se implante también en Canarias porque repercutiría positivamente en la conectividad, desarrollo económico, progreso y competitividad internacional de las islas, fomentando la relaciones comerciales, las exportaciones de productos canarios, el desarrollo del sector turístico y el intercambio de experiencias empresariales.

La 'Quinta Libertad' tiene reconocimiento legal en la Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en la Ley de Economía Sostenible, si bien su aplicación práctica tiene un carácter limitado y se otorga siempre bajo el principio de reciprocidad, por lo que requiere de una declaración genérica para los aeropuertos de las islas, permitiendo unas instalaciones competitivas en las que se faciliten las autorizaciones y se ofrezca la garantía a las compañías aéreas de que sus peticiones van a ser aceptadas.

La declaración recoge que Canarias, por su condición insular, de Región Ultraperiférica de la Unión Europea y su desarrollo pionero a nivel mundial del sector turístico y su liderazgo como destino turístico, cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la gestión directa e indirecta de las comunicaciones aéreas y en la recepción de pasajeros y mercancías, así como en los servicios paralelos que conllevan.

Asimismo, pone de relieve que el archipiélago cuenta con una red de instalaciones e infraestructuras aeroportuarias en todas las islas de primer nivel, que en el primer trimestre de 2017 registraron el 23,4% del tráfico aéreo nacional, las segundas mejores cifras de Estado sólo por detrás del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y un total de 3,7 millones de pasajeros en este periodo. Además, el texto destaca que las islas cuentan con unas instalaciones perfectamente adecuadas y capacitadas con los medios técnicos y humanos para la aplicación exitosa de la Quinta Libertad.

Por todo ello, la declaración institucional pretende que el Senado manifieste la necesidad de seguir analizando las solicitudes que se presenten para el ejercicio de quintas libertades en Canarias, en particular en sus aeropuertos internacionales (Gran Canaria y Tenerife Sur), autorizándolas cuando resulten viables y establezcan enlaces beneficiosos para España y para las islas, potenciando así el papel del archipiélago como centro de distribución de tráficos aéreos entre los continentes.