El gerente de SFM compara la compra de trenes en Mallorca con la adjudicación 'a dedo' del Palma Arena

compara la compra de trenes del Pacte con la adjudicación 'a dedo' del Palma Arena

PALMA DE MALLORCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, ha comparado la adquisición sin concurso de trece unidades de tren durante la última legislatura del Pacte, por 75,8 millones de euros, con la adjudicación presuntamente 'a dedo' del velódromo Palma Arena, cuya construcción, llevada a cabo en el último mandato de Jaume Matas, está siendo investigada a raíz de un sobrecoste de más de 50 millones públicos.

En declaraciones a los medios tras declarar como testigo en la causa que indaga un supuesto desvío de fondos en la compra de los trenes, Orta ha aseverado que esta operación debía haberse llevado mediante un procedimiento abierto, al igual que debía haber sucedido con la contratación directa de los arquitectos que dirigieron las obras del Palma Arena, Jaime y Luis García Ruiz, o el ingeniero inicial de la construcción, Ralph Schürmann.

"Es una contratación que tenía que haber sido abierta a todos los arquitectos del mundo, en lugar de haberlo hecho 'a dedo'. Este es el mismo caso", ha espetado el alto cargo del PP. "¿No hubiera sido mejor?", ha incidido el testigo, recriminando que la Conselleria de Movilidad adjudicara la adquisición de los trenes a una determinada empresa -CAF- por razones de dependencia técnica y ello lo justificara "en un folio y cuarto".

El denunciante de los hechos se ha referido de este modo al sistema en que se articuló la operación, un procedimiento negociado sin publicidad en el que concurrían circunstancias de dependencia técnica, según un informe aportado a principios de este mes por el exdirector general de Movilidad y actual portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Palma, Antonio Verger, y en el que se justificaba que el único proveedor que podía suministrar el material era CAF.

El informe, elaborado por los servicios jurídicos de SFM, indicaba además que la empresa pública ya había adquirido en otras ocasiones material móvil mediante un procedimiento negociado sin publicidad por dependencia técnica, por lo que "ya existen precedentes en los que se ha optado por esta vía de contratación, habiéndose intervenido y auditado los correspondientes expedientes sin que el resultado de tales actuaciones revisoras haya sido otro que el satisfactorio".

ASEGURA NO TENER "NINGÚN INTERÉS EN ESTO".

No obstante, según ha rebatido Orta, un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) "desvirtuó" el informe presentado por Verger y señalaba que la justificación de la dependencia técnica se amparaba en "menos de folio y medio" firmados a nombre de la UTE Inversiones 2008, que "facturó más de nueve millones de euros en informes técnicos durante esa legislatura".

En esta línea, el gerente de SFM ha apuntado que también CAF obtuvo los contratos para el mantenimiento del metro de Palma o la revisión de los trenes diésel. "Me cuesta mucho creer que 75 millones de euros se puedan licitar 'a dedo'", ha incidido Orta, quien ha asegurado no tener "ningún interés especial en que pase nada en concreto con esto".

EL PROCEDIMIENTO FUE "IMPECABLE", SEGÚN VERGER.

Por su parte, Verger defendió, tras declarar como imputado en este caso, que la compra de las trece unidades de tren fue "impecable" a nivel técnico, económico y jurídico.

De hecho, el informe que presentó considera "viable jurídicamente" la opción de compra planteada en su día por SFM para la adquisición del nuevo material móvil, articulada a través de un contrato de suministro al amparo de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE).

En este sentido, entre otras consideraciones, esta normativa contempla la cantidad de 412.000 euros como importe a partir del cual aplicar sus prescripciones, y que es "ampliamente" superado para la adquisición de las unidades de tren.

A su salida de los Juzgados, Verger recriminó, en declaraciones a los medios, que se trata de una denuncia "política dirigida a atacar a los adversarios, plagada de falsedades y de información tergiversada". De hecho, señaló que el informe jurídico que aportó y que daba el visto bueno a la adquisición de los trenes "ni se menciona" en la denuncia.