ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha subrayado este miércoles que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es un asunto "muy muy serio", aunque "me da tranquilidad porque la Justicia funciona y cuando no se respetan las normas y la Ley, aparecen las instituciones judiciales para que se imponga la legalidad".
En declaraciones a la SER en Almería recogidas por Europa Press, el consejero andaluz ha calificado de "muy muy grave" la imputación de una "altísima institución del Estado". "Me preocupa todavía más que sea, además, la institución que tiene como objetivo la lucha contra el delito y la defensa de la legalidad. Cuando eso ocurre --imputación de una institución del Estado-- es que se ha infringido" una línea "muy muy seria", ha advertido José Antonio Nieto.
Por último, el consejero de Justicia de Andalucía ha lamentado que esta imputación derive del "apoyo" del fiscal general al Gobierno de España con una "medida claramente partidista de ataque frontal en una estrategia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que se han superado todos los límites".
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. Tras conocerse su imputación, García Ortiz ha anunciado su continuidad en el cargo.
El novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa a las 10,20 horas del pasado 14 de febrero en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso, Julián Salto, por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
En la misma línea, el Supremo fija como hechos delictivos la difusión de la nota informativa, una "publicación que no se hubiera producido sin la autorización y orden expresa del fiscal general del Estado", lo que determina la competencia de la Sala Segunda del alto tribunal.
La Sala de lo Penal también ha acordado investigar a Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota, porque, aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos --el del fiscal general y el de ella-- guardan una "conexión inescindible" que impide la incoación de causas separadas.