La Audiencia de Almería reduce a dos millones la responsabilidad civil de Abengoa por el desfalco en el caso 'Poniente'

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a Abengoa como responsable civil subsidiaria al pago de dos millones de euros por su participación en malversación "consentida" por el exalcalde del El Ejido, Juan Enciso, y por el ex interventor municipal, José Alemán, de más de 58,8 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento entre los años 2002 y 2009 a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), de la que era socio privado.

Abengoa prestó una fianza civil en la macrocausa 'Poniente' por corrupción, cuyo fallo se ha hecho publico este viernes, de 49,8 millones de euros para hacerse cargo de las pólizas de seguro de sus directivos enjuiciados en la trama y, en su momento, la justicia también acordó embargos preventivos. La Fiscalía Anticorrupción fijó esa responsabilidad civil en poco más de 41 millones de euros.

La sentencia concluye que Abengoa, junto a otro socio privado de Elsur --Aygesa--, con 15,5 millones de euros defraudados, y las subcontratas de los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, con 24,6 y 15,6 millones de euros obtenidos ilícitamente, causó "perjuicio" económico al Ayuntamiento facturando por servicios de apoyo a la gestión "inexistentes y ficticios" al Elsur, que, a su vez, lo facturaba directamente, dentro del canon anual, al consistorio.

Considera que, junto a tres de sus consejeros delegados en la empresa mixta, fue cooperadora necesaria de la malversación de caudales públicos, si bien aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El tribunal condena a penas de tres años y cuatro meses de prisión e inhabilitación por periodo de nueve años a los tres ejecutivos de Befesa, propiedad del grupo, y consejeros delegados del Elsur ya que, en su "doble condición", considera que se "aprovecharon" para desviar 2.046.688,59 millones de euros a la sociedad en 2002 y 2003, cantidad en la que fija sus responsabilidades civiles, en este caso directa, y subsidiaria, para Abengoa.

También son responsables civiles, a juicio de la sala, ya que lo son del total de 58,8 millones de euros, el exalcalde, el ex interventor y quien fuera gerente de Elsur.

Por otra parte, la sentencia, de la que es ponente el magistrado Jesús Martínez Abad, atribuye el grueso del montante total "esquilmado" a las arcas públicas ejidenses a las prácticas "ilícitas" de quien fuera jefe del Área de Parques, Jardines y Edificios Públicos entre 1996 y 2003 para posteriormente asumir las direcciones de Explotación y Producción de Elsur, José Amate.

El tribunal le condena a cinco años de prisión y a 13 de inhabilitación como cooperador necesario en el delito continuado de malversación de especial gravedad y al pago de una multa de 58.000 euros con suspensión de empleo o cargo público por un año por cohecho ya que transfirió estos fondos por esta cantidad a la empresa 'Sistemas de Dirección SL' del ex interventor José Alemán en concepto de "comisiones ilegales".

Las actividades ilícitas con su entramado empresarial supusieron a Amate y a su entorno ingresar "más de 24,6 millones de euros a través de sobrefacturación", según remarca.

También impone penas tres años y cuatro meses de prisión, y nueve de inhabilitación a su mujer, a sus tres hijos y a sus yernos, ya que estima que Amate "aprovechó" su estratégica posición en la empresa mixta "para subcontratar servicios" que Elsur debía prestar al Ayuntamiento y lo hizo "sirviéndose de mercantiles creadas por él y al frente de las cuales situó a su familia más directa y personas de confianza".

El tribunal precisa que, atendiendo a los importes pagados por Elsur, es decir, los ingresos percibidos por las subcontratas, y a los gastos reales en que incurrieron, "si Elsur no hubiera incurrido en esa sobrefacturación respecto de la subcontratas de Amate, habría soportado un gasto de 21.466.935,78 euros en la prestación de esos servicios, frente a los 46.155.158,41 euros de gastos en que incurrió por esa sobrefacturación, de manera que la empresa mixta habría obtenido un beneficio adicional de 24.688.222,63 euros.

TESTAFERROS Y "MORDIDAS"

No obstante, en lo que respecta a los empresarios que tejieron la trama de subcontratas en torno a Elsur, uno de los que ha recibido la condena más alta ha sido Juan Antonio Galán, a quien los magistrados atribuyen la "propiedad o participación en hasta 16 sociedades que le han reportado un importe por sobrefacturación de más de 15,5 millones de euros".

La Audiencia Provincial le impone penas de cuatro años y nueve meses de cárcel y 12 años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de malversación y le obliga al pago de una multa de 2.290.937 euros por un delito de cohecho con suspensión de empleo o cargo público por un año ya que, entre 2002 y 2008, pagó 'mordidas' a Sistemas de Dirección SL, empresa del ex interventor municipal, "aparentando la prestación de servicios inexistentes".

Al tiempo, acuerda condenar a tres años y tres meses de cárcel e inhabilitación por nueve años a su mujer y a su hija por su participación en calidad de testaferros de su entramado societario.

Señala la sala que de no haberse producido la "sobrefacturación" derivada de la subcontratas con el Grupo Galán, Elsur habría soportado un gasto de "16.817.819,66 euros, frente a los 32.476.020,65 euros de gasto derivados de la sobrefacturación" y, por tanto, la empresa mixta habría obtenido un beneficio adicional de 15.658.200,99 euros de no haber subcontratado con estas sociedades.

El fallo refiere tanto para el Grupo Amate como para el Grupo Galán que cobraron servicios a "precios desorbitados" obteniendo un "enorme margen de beneficio" con las subcontratas, de hasta un 53,49 por ciento en el caso de Amate y un 37,56 en el caso de Galán.

No solo alude el tribunal a "servicios cobrados superiores a los prestados", a cesión ilegal de trabajadores, a contratos "exorbitados o duplicados" o a la "resolución anticipada de contratos" como un mecanismo "especialmente utilizado" por la trama para "incrementar precios", sino también a servicios "inexistentes".

El tribunal estima que también hay pruebas "inequívocas" de que la mercantil del exinterventor municipal sirvió para que recibiese "dádivas" de otros empresarios también condenados, como José Carlos Lirola, que deberá abonar una multa de 3,1 millones de euros; Jesús Aragón, a quien se le impone el pago de 76.850 euros, o José Julián Hernández, condenado a multa de 900 euros.

Como cooperadores necesarios en el delito continuado de malversación de 58,8 millones de euros de las arcas públicas ejidenses, la Audiencia Provincial ha condenado, asimismo, a los cuatro ejecutivos del socio privado Aygesa a cuatro años de prisión e inhabilitación por nueve años ya que en su mandato, entre 2004 y 2009, se detrajeron 15,5 millones.

Para el funcionario de Urbanismo, Agustín Santaella, quien "sobrefacturó" a Elsur durante seis años casi dos millones de euros con su empresa Urdial Mariyya, la sentencia fija una condena a tres años y tres meses de prisión e inhabilitación durante ocho años.

Contra el fallo de la Audiencia Provincial de Almería cabe interponer ahora un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), para lo cual se otorga un plazo extraordinario de 30 días dada la extensión de la resolución que alcanza las 392 páginas.