Carboneras denuncia al exalcalde por gastar 175.000 euros en contenedores "no entregados"

CARBONERAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha interpuesto una denuncia contra el exalcalde socialista de la localidad Cristóbal Fernández y un representante de la empresa Cespa después de que el Consistorio desembolsara en 2009 unos 175.000 euros con fondos obtenidos parcialmente de una subvención de la Junta de Andalucía para adquirir 153 contenedores de basura de carga lateral que "nunca se entregaron" por parte de la mercantil, según el denunciante.

La demanda presentada este jueves ante los juzgados de Vera a instancias del primer edil carbonero, el independiente Salvador Hernández, solicita que se incoe un procedimiento penal contra los denunciados al estimar que podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El escrito, consultado por Europa Press, interesa además que se llame a declarar a los denunciados y que también se cite como testigos al secretario-interventor del Ayuntamiento de Carboneras y del consorcio de basuras, al exconcejal de Hacienda Francisco Ruiz y al gerente del Consorcio del Sector II de tratamientos de residuos, con el fin de dilucidar los hechos denunciados.

Según el denunciante, el Ayuntamiento contrató con la mercantil Cespa la adquisición de 153 contenedores de basura de carga lateral "sin mediar contrato alguno" y "no constando expediente de contratación" tras haber solicitado una subvención a la Junta de Andalucía para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos en el municipio; una ayuda que posteriormente se modificó para destinarla a la compra de los depósitos de basuras.

Así, el Consistorio ingresó en febrero de 2008 el importe de la subvención por valor de 73.863 euros destinados a sufragar parcialmente la compra de los contenedores, cuyas facturas por un importe total de 175.000 euros "supuestamente falsas" --según la denuncia-- fueron emitidas entre noviembre y diciembre de 2009 "sin que conste albarán de entrega ni suministro alguno", si bien el documento rubricado hace constar que la entrega se haría efectiva "durante el año 2010 a partir de febrero según disponibilidad de la fábrica".

Según los datos recopilados por el denunciante, los contenedores "no han sido suministrados por la mercantil" toda vez que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos "corresponde única y exclusivamente al Consorcio del Sector II", entidad que a la que están "cedidos" los servicios que "presta mediante concesión precisamente la mercantil Cespa".

El Ayuntamiento ha aportado en su denuncia, entre otra documentación, la certificación por la Secretaría del Consorcio que "acredita que los contenedores suministrados e instalados en el término municipal de carboneras fueron adquiridos por el citado Consorcio por acuerdo de la junta general de fecha 18 de diciembre de 2008".

INDICIOS DE "CRIMINALIDAD ORGANIZADA"

Así, ha apuntado a la posible existencia de indicios de "criminalidad organizada" para la obtención de un "lucro ilícito" al considerar que el exalcalde carbonero y el representante de la empresa pudieron "ponerse de acuerdo indudablemente en la emisión de las facturas de los contenedores, que nunca fueron suministrados al Ayuntamiento por Cespa, ya que los mismos tenían conocimiento fehaciente de que dichos contenedores serían suministrados por el Consorcio de Basura, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Carboneras".

Ante esta circunstancia, el denunciante considera que el exalcalde y su junta de gobierno "acordaron solicitar una subvención a la Junta de Andalucía y su posterior modificación para una finalidad imposible de cumplir" ya que el Ayuntamiento de Carboneras "no tenía competencias para la adquisición de contenedores", circunstancia que habría "ocultado" a la Junta de Andalucía.

Para el actual equipo de gobierno, los contenedores "nunca se entregaron o suministraron por Cespa" sino que "por el Consorcio del Sector II", por lo que apunta sus sospechas de que las facturas para el suministro de los depósitos son "supuestamente falsas" y han supuesto "un perjuicio muy grave a la hacienda local", que tiene "la obligación de hacer frente a dichos pagos".