ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a tres personas que accedieron mediante un acuerdo económico a los cargos de representación de una asociación cannábica de Almería que emplearon para amparar la venta y distribución de droga entre sus usuarios.
El alto tribunal andaluz confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería e impone penas de entre un año y ocho meses de prisión y un año y dos meses de prisión para la presidenta, el secretario y el tesorero de la entidad, a los que también multa con cantidades de entre 10.000 y 8.000 euros, entre otros aspectos.
La sentencia rechaza el recurso de la apelación interpuesto por los acusados en el que se señalaba que la asociación estaba dirigida al consumo propio por parte de sus integrantes "sin voluntad de transmisión de las sustancias a terceros" y "con controles autoimpuestos para que esto no suceda", si bien para el tribunal "la realidad de los hechos desborda claramente el consumo compartido".
Así, recalca que la agrupación contaba con "más de 200 socios, cuyas identidades no son objeto de eficaz comprobación" toda vez que se permitía fácilmente la entrada de terceros, a lo que se añade "la ingente cantidad de cannabis y resina de cannabis intervenida".
La asociación, que tenía entre sus fines "estudios del cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas" se inscribió en el registro andaluz de entidades marzo de 2015 con el nombramiento de su presidente, de su secretario y de su tesorero, si bien los cargos variaron a lo largo de los años siguientes.
En diciembre de 2019 y tras un tiempo sin actividad fue cuando los acusados se interesaron por llegar a algún tipo de trato que les permitiese acceder a los cargos de representación de la asociación e "iniciar una actividad de venta de sustancias estupefacientes amparados en la documentación" de la entidad.
Los acusados llegaron a algún "tipo de acuerdo económico" con el presidente para la cesión de cargos a través de una asamblea extraordinaria en la que demás se modificó la sede social de la entidad a un local alquilado por la nueva presidenta por 700 euros al mes.
La sentencia apunta que los acusados aparentaron el mantenimiento de la asociación para amparar "la libre circulación de droga", ya que "de común acuerdo" entre ellos se estuvieron dedicado a la venta y distribución de estupefacientes en el citado local durante meses.
No fue hasta el 21 de mayo de 2020 cuando la Policía Nacional realizó una intervención en el local ante el "trasiego de personas". En su interior encontraron a uno de los acusados junto con siete usuarios que estaban consumiendo estupefacientes.
Durante el operativo intervinieron distintas cantidades de marihuana picada o en cogollos repartida en bolsas dosificadoras así como hachís, speed y cocaína. La sustancia aprehendida, destinada por los acusados a la venta, con excepción de las sustancias MDMA y cocaína, habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de 7.427,647 euros.