Gerente de Elsur en el juicio de 'Poniente': "Las subcontratas me llegaban prácticamente decididas"

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido (Almería) entre 1999 y 2009, Manuel Caballos, ha asegurado que las subcontratas que, según la Fiscalía Anticorrupción, sirvieron para detraer de las arcas municipales 71,5 millones de euros le "llegaban prácticamente decididos y negociados" y ha afirmado que no se informaba de estas al Consejo de Administración "nominalmente, ni se comentaban al detalle".

"Todo el mundo las conocía, pero nunca dije 'esto lo hace fulanito' o 'esto lo hace menganito', ni siquiera yo estaba informado de los nombres, lo que importaba es que se hicieran las cosas y se hicieran bien", ha dicho ante el tribunal de la Sección Tercera en la sexta sesión del macrojuicio de 'Poniente' por una presunta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido entre 2002 y 2009.

Caballos, a quien los consejeros de Elsur vinculados al socio privado de Elsur o Grupo Abengoa acusados han señalado como la persona que "tenía plenos poderes" para subcontratar, en muchos casos según las acusaciones actuaciones que eran propias del objeto social de la empresa mixta, ha explicado que el procedimiento para decidir las subcontratas era "complejo".

Ha precisado que cada "área de Elsur proponía, y luego examinaban la propuesta el director técnico y el director de explotación", por lo que "yo no tenía que esforzarme en nada" y que era el "factor de la experiencia de los técnicos el que decidía que empresa se contrataba".

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción ha señalado que las actuaciones "principales las llevaba Elsur" y que las "accesorias se subcontrataban" sin distinguir entre dentro y fuera de canon porque "cuando yo llegué ya estaba así y funcionaba bien, era un práctica aceptada" pero, en respuesta a la Abogacía del Estado ha manifestado que Elsur "organizaba" y las subcontratas "hacían la parte de no gestión, de bajar al suelo". "El trabajo directo, el de mano de obra", ha concretado.

Caballos ha referido que en 2007 se "revisó" el proceso de contratación "tras conocer unos hechos que nos hizo ser más intransigentes" en alusión al hecho de que el director de producción del Elsur, José Antonio Amate, estuviese detrás de algunas de las subcontratas mencionadas en el sumario de la causa como Grupo Amate y ha afirmado, en este sentido, que la "facturación era real en precios de mercado".

Ha indicado que "hasta dónde" él sabe "no se destinaron medios de Elsur a realizar obras a particulares" vinculados con el exalcalde de El Ejido Juan Enciso o el exinterventor municipal José Alemán u obras en sedes "del PAL y del PP" y ha remarcado que el Ayuntamiento ejidense "nos decía a Elsur por dónde ir". "Era bastante intransigente, nos estaba permanentemente controlando", ha apuntillado.

Sobre la mecánica para fijar el precio de las subcontratas, ha apuntado que "lo fijaban los equipos de Producción y Técnicos" pero "siempre que encajaran en la gestión global de las empresas porque no íbamos a consentir que una subcontrata facturase más".

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

A preguntas de la Abogacía del Estado, no ha dado explicaciones, asimismo, sobre conversaciones con el empresario José Amate llegando a asegurar no reconocerse en las "expresiones". En concreto, según las intervenciones telefónicas recogidas en el sumario y ordenadas por la jueza, una vez que es conocido que Amate está tras algunas de las subcontratas este le habría dicho a Caballos "como empiece a hablar, lo cuento todo, caiga quien caiga, o ¿no los ves lógico?" o "aquí hay un delito de por medio", a lo que este le habría replicado "Se está moviendo una mierda que va a salpicar a todo quisqui".

Caballos también ha contestado "absolutamente no" cuando se le ha preguntado si conocía "los flujos constantes de relaciones comerciales y pagos entre las subcontratas"; el "exceso de personal en Elsur"; o que se subcontrataba porque "carecía de medio y empleados"; y ha dicho desconocer su había "confusión de sedes y trabajadores" entre Elsur y las subcontratas o con quien firmaba los contratos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el socio privado de Elsur procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y "puestos en dichos cargos para facilitar" los comportamientos ilícitos, a "beneficiarse ilícitamente" del dinero público que era la "principal fuente de ingresos" de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento "dentro del canon anual" y por servicios y obras "fuera de canon".

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros, de acuerdo a la acusación, correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, fundamentalmente José Amate o Juan Antonio Galán, también acusados.

En la última sesión celebrada el viernes, uno de los acusados, directivo de Elsur que en fase de instrucción aseguró ante la jueza que tenía "constancia" de que se ejecutaron obras con "cargo a los fondos" de la sociedad en algunas propiedades "particulares" vinculadas al exalcalde Juan Enciso y al ex interventor municipal José Alemán, se acogió a su derecho a no declarar alegando "incapacidad".

Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

El fiscal Jesús Gázquez estimó parcialmente "por justificadas" las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría "interrumpida" por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las "partes tuvieron suficiente información" como para "pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal".

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.