Imbroda pide confiar en los expertos y no cuestionar sus decisiones sobre la apertura o cierre de centros escolares

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha pedido este miércoles a los miembros de la comunidad educativa que confíen en los expertos y que sean "respetuosos con las autoridades sanitarias" y sus decisiones, ya que "son las que dicen qué centros y qué lugares se tienen que cerrar" como medida de prevención ante el covid-19 bajo "criterios epidemiológicos".

"Yo he sido muy crítico siempre con aquellos colectivos o padres o asociaciones que han condicionado la tarea de nuestros docentes. Espero que nosotros no seamos tan críticos con las autoridades sanitarias que van a determinar en qué lugares o comarcas, en función de la incidencia, se tienen que cerrar colegios", ha manifestado el consejero de Educación a preguntas de los periodistas en Almería, donde ha inaugurado el Estadio de la Juventud tras sus obras de mejora.

El consejero ha distanciado las peticiones que diversos colectivos e incluso alcaldes de municipios de andaluces han efectuado para que se cierren los centros afincados en localidades con altas tasas de contagio frente a las que realiza la Junta ante el Gobierno central para que se permita el confinamiento domiciliario en aquellos pueblos y ciudades con una tasa de más de 1000 casos por cada 100.000 habitantes, puesto que, a su juicio, los centros educativos "sí han dado una respuesta" y las medidas de seguridad que se tomaron al inicio de curso "siguen dando resultados".

En esta línea, ha apuntado que si las autoridaades sanitarias determinaran que es preciso cerrar los colegios, "los procesos de enseñanza podrían continuar" con normalidad, ya que los centros y equipos docentes están "preparados para cualquier contingencia".

Así, Imbroda ha recalcado que la incidencia del covid-19 en las aulas "sigue siendo mínima", con un 92,8 por ciento de los centros educativos andaluces libres de coronavirus según el último recuento, a pesar de que este martes se mantenían 17 centros cerrados totalmente, nueve más que el martes anterior, y la región presenta 705 aulas con sus alumnos en cuarentena por contagios de coronavirus Covid-19, 129 más que hace cuatro días y 300 más que hace una semana.

"Confío en que todos sigamos confiando en lo que nuestras autoridades sanitarias nos sigan marcando", ha solicitado antes de reclamar que "seamos respetuosos" con sus decisiones "como queremos que sean con nosotros", puesto que "nadie tiene la exclusividad de la preocupación", según ha observado antes de recordar que él mismo cuenta con una nieta en edad escolar.

Del mismo modo, ha animado a los padres a que lleven a sus hijos a los centros educativos tras haber detectado un aumento del absentismo escolar en educación Primaria durante el primer trimestre de este año, en el que se han pasado de 6.152 absentistas en 2019 a 11.427 en 2020; una cuestión que no se ha producido en la etapa de Secundaria, 16.005 absentistas identificados frente a los 23.569 del curso anterior en el primer trimestre, en parte por haber una menor cantidad de menores vulnerables --el 43% del total-- y por el desarrollo de clases telemáticas.

"EL MIEDO NO ES UNA JUSTIFICACIÓN PARA FALTAR A CLASE"

Aunque la Consejería aún no maneja datos cerrados de qué parte de este absentismo se produce por miedo al covid-19, el consejero ha reconocido que buena parte de dicho aumento en la educación Primaria obedece a este aspecto, especialmente entre padres con menores que tienen alguna patología previa asociada a problemas respiratorios como el asma.

"El miedo no es una justificación para faltar a clase, no es una causa, nuestros niños tienen que estar en los colegios", ha avisado el consejero, quien ha apelado al derecho universal a la educación de los menores.

En esta línea, no descarta la activación de protocolos por falta de asistencia a clase sin que haya motivo justificado, como es tener miedo al covid, lo que, en última instancia, puede finalizar con una comunicación a la Fiscalía para la incoación de un procedimiento penal; aunque ha encuadrado este aspecto solo en los casos "extremos" ya que la mayor parte de ellos quedan en "una conversación entre familias y el colegio o los servicios sociales".