ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional de Unidos Podemos por IU Eva García ha registrado una pregunta escrita a la mesa del Congreso en la que se interesa por las identificaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil a raíz del expediente iniciado por la Subdelegación de Gobierno ante la concentración que se produjo en el yacimiento arqueológico de El Chuche en Benahadux (Almería) por los presuntos daños ocasionados al BIC durante una actuación en materia de carreteras del Ministerio de Fomento.
Según ha indicado IU en una nota, se ha solicitado información por los criterios de seguridad que ha adoptado el Ministerio del Interior para iniciar este tipo de investigación policial para determinar la responsabilidad de unos colectivos en la celebración de la "protesta ciudadana pacífica" y si tiene previsto abrir expedientes sancionadores conforme a las disposiciones sancionadoras de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Igualmente, ha interpelado a Interior sobre si considera "ajustada al principio de proporcionalidad y principio de intervención mínima" esta práctica de diligencias policiales "sobre ejercicios fundamentales como el derecho de asociación y derecho de libertad de expresión".
Desde IU han incidido en que el inicio de este expediente ha causado "un rechazo social y mediático de la sociedad civil, como una forma desproporcionada de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana", conocida popularmente como 'Ley mordaza' por sus detractores.
Según han indicado de IU, el "acto espontáneo" surgió durante una excursión al yacimiento de Los Millares organizado por Amigos de La Alcazaba. Así, se desplegó una pancarta "de forma cívica y sin cortar el tráfico rodado" en el lugar donde se produjeron los hechos.
En este sentido y tras divulgarse la foto de la concentración, se han practicado diligencias policiales "donde se ha llamado en los últimos días por teléfono a representantes de distintas asociaciones culturales que participaron en la concentración", según han señalado desde IU, donde apuntan que la misma "no fue comunicada a la autoridad gubernativa, como obliga la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión".
"La celebración de la concentración sin comunicación previa, en este caso a la Subdelegación del Gobierno, podría considerarse como una falta leve atendiendo a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y podría suponer una sanción de 100 a 600 euros para los organizadores o promotores", han recordado desde la formación, donde han mostrado su "oposición" a la 'Ley mordaza'. "Es indignante que se investigue antes a quien muestra su protesta por la destrucción del patrimonio que a quien lo destruye", ha manifestado al respecto la coordinadora de IU en Almería, Rosalía Martín.